Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), reveló que hizo una declaración pública sobre posible conflicto de interés pues tiene familiares que trabajan en el sector público.
“Hice la declaración de conflicto de intereses totalmente pública. Poner todo aquello que dese el punto de vista familiar pudiera ser cercano, en términos de la legislación actual”, explicó en entrevista con Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula.
El funcionario federal detalló que desde 1999, sus hermanos, su padre y su esposa se desempeñan en el sector público.
“Tengo familiares que están trabajando en el sector público; mi esposa está en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; mi papá tiene un despacho que brinda asesoría laboral al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; mi hermano Víctor Andrade está como titular jurídico de la Auditoría Superior de la Federación; y mi hermano Enrique Andrade González es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral“, precisó.
Respecto a la promulgación de la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, por parte del presidente Enrique Peña Nieto, señaló que con ello subsistirá la SFP porque es la única instancia capacitada para mantener el control diario del Gobierno Federal y del Poder Ejecutivo.
Y que para cerrar el paso a la impunidad es necesario que incluso las propias leyes castiguen la falta de aplicación de la norma, y el Sistema Nacional Anticorrupción lo permite y lo exige.
“Particularmente a las autoridades que tienen directamente la responsabilidad de hacerlo, y en la medida que también tengamos marcos normativos más claros, que no sean ambiguos, y que no dejen a la discreción de cada autoridad la aplicación de la ley, tendremos mejores posibilidades de ir avanzando en este tema”, subrayó.
Asimismo, el secretario federal adelantó que para en el tema de la corrupción se contará con un fiscal independiente que revisará las conductas que constituyan delitos, así como un Tribunal de Justicia Administrativa que sustentará en nuevas leyes el castigo “que ellos mismos tendrán que poner no solamente a autoridades que hagan uso indebido de poder o de recursos, sino también a particulares que abusen en contrataciones públicas.
“El fiscal va a señalar presuntos delitos y quien va a juzgar directamente es el Tribunal de Justicia Administrativa”, explicó Andrade.
Y aun con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, subsistirá la SFP con la obligación de integrar también los expedientes de malas conductas de servidores públicos y pasárselos al Tribunal de Justicia Administrativa, “y la Secretaría de la Función Pública subsiste porque es la única instancia capacitada para mantener el control diario del Gobierno Federal y del Poder Ejecutivo”.
Además, el funcionario federal destacó el avance con la reforma, en donde la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las cuentas públicas de estados, municipios, el Distrito Federal y sus 16 delegaciones. “Es un avance importante porque en primer lugar se le faculta para poder fiscalizar en el momento que quieran”. DM