Con las recientes reformas al Código de Justicia Militar, ahora los jueces tienen la facultad de emitir órdenes de cateo a inmuebles públicos y particulares, lo que incluye recintos legislativos u oficinas de organizaciones no gubernamentales, lo cual puede terminar a violaciones de derechos humanos, coincidieron expertos.

 

Héctor Segovia, especialista en derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, explicó que esta facultad se da a los jueces militares cuando se trate exclusivamente de una investigación por delincuencia organizada.

 

“(Los jueces militares) ya pueden ordenar catear las casas de particulares civiles, el juez penal militar lo puede hacer, incluso se cree que puede llegar a catear las Cámaras, las de diputados y senadores”.

 

El académico de La Salle añadió que en el ideal, en caso de que en el cateo o declaración se encuentre posible responsabilidad de un civil, éste debe ser consignado ante un Ministerio Público federal para iniciar su proceso, pero el problema es que no siempre es así.

 

Por su parte, Lucía Chávez, directora de investigación de la asociación civil Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que el hecho de que ahora un juez militar tenga la autoridad para realizar cateos a inmuebles públicos o privados, puede ser una herramienta en contra de organismos defensores de derechos humanos.

 

“Se llega a tal absurdo en estas reformas, que incluso un militar con autorización de un juez federal podría hacer un cateo en una oficina de una Comisión de Derechos Humanos, lo cual sería abusivo y desproporcionado”.

 

Para la especialista de la asociación civil, esta reforma rompe el principio de imparcialidad en la impartición de justicia. “Está el problema de las detenciones y de las amplias facultades que se le han dotado a la Sedena para la detención e investigación a particulares”.