Durante las últimas semanas, la violencia ha repuntado de manera escandalosa en todos los rincones del país: militares emboscados, jueces ejecutados, ataques a policías locales y federales, una vez más jóvenes levantados y asesinados en Veracruz. En fin, que se han multiplicado los crímenes de alto impacto público y, de nuevo, las autoridades locales, estatales y nacionales se ven rebasadas ante la acción irrefrenable de los distintos grupos del crimen organizado que operan en todo el territorio nacional.

 

Desde la ejecución del cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el malogrado candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, y luego el del ex gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, la violencia criminal y política se han vuelto protagonistas permanentes de la vida pública de México.

 

Y la impotencia e incapacidad para detener o contener esta violencia no se puede achacar a un solo gobierno o a un solo partido. Las principales fuerzas políticas representadas por los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con sus aliados permanentes o temporales, han estado al frente de distintas administraciones durante distintos eventos o periodos violentos, como puede ser para los perredistas el asesinato de Paco Stanley, o la masacre del Bar Heaven en la Ciudad de México o para los panistas la fallida “guerra frontal” contra el narcotráfico de Felipe Calderón con su secuela de miles de muertos y desaparecidos.

 

Y precisamente esta violencia de alto impacto es la expresión y resultado de la violencia y crimen comunes que viven todos los días los mexicanos en cualquier región del país, quienes son víctimas de robos, violaciones, fraudes, corrupción y todas las manifestaciones del delito perpetradas por criminales que son sabedores de que tienen una posibilidad de más de 90% de quedar impunes.

 

Lo más lamentable es que los políticos y funcionarios responsables de enfrentar y combatir la violencia ocupan la crisis de inseguridad como un misil para descalificar a sus adversarios; es verdaderamente indignante cómo panistas, priistas y perredistas se lanzan acusaciones y se responsabilizan de la violencia como si no fueran todos ellos quienes tienen como deber construir acuerdos y diseñar políticas públicas y estrategias de seguridad, para garantizar a los mexicanos que no serán víctimas de los homicidios, las violaciones, los secuestros y robos que se multiplican día con día.

 

Así las cosas. Ya se van tardando el gobierno de Enrique Peña Nieto y los gobernadores de todos los estados y de todos los colores partidistas para construir un acuerdo real con el fin de detener la ola criminal que tiene a todos los mexicanos viviendo cada vez más la percepción de inseguridad generalizada y a las inversiones nacionales y extranjeras buscando otros países para colocar sus capitales en condiciones de mayor certidumbre y posibilidades de éxito y crecimiento.