La violencia y el narcotráfico, generan a nuestro país un costo de 334 mil millones de dólares -el 27.7% del PIB-, lo que equivale a dos veces el presupuesto para la educación y la salud, reveló un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP).

 

De acuerdo con el reporte Índice sobre la paz global y en México, que reúne datos del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), la OCDE, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) y el INEGI, México se ubica en el número 25 de entre 162 naciones donde contener la violencia genera los mayores costos, siguiendo a países como Estados Unidos, Rusia e Israel.

 

Sin embargo, según lo sostiene el propio estudio, pese a la gran erogación para abatir la criminalidad -que en 2013 fue de 172 mil 785 millones de dólares- en los últimos 10 años el índice de paz en México muestra un retroceso de 27% debido, principalmente, a los incrementos en la tasa de homicidios (cerca de 40% de 2007 a 2013). Los subíndices que miden la eficiencia del sistema judicial (90% de los homicidios quedan impunes) y el tráfico de armas, mientras que la corrupción en las fuerzas policiales y de los servidores públicos, son otros de los indicadores que explican este deterioro.

 

“México continúa en una espiral de violencia, que tiene su origen en la guerra contra el narcotráfico que inició la pasada administración, situación que ha llevado a un aumento en el número de fuerzas de seguridad sin un impacto positivo en el número de crímenes que se cometen”, asevera el documento.

 

De hecho, el estudio dado a conocer por la CESOP, incluye un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, en el que advierte que las tasas de criminalidad en las zonas de conflicto en México se triplicaron desde el comienzo de la llamada Guerra contra las drogas, en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

 

Cabe mencionar que en el texto se detalla que el costo total de la criminalidad supera los 334 mil millones de dólares, pues además del gasto presupuestado para combatir la violencia, se contabiliza el costo para mantener la ley y el orden a través de la policía, el sistema judicial y penitenciario; la pérdida de productividad por el crimen; la dificultad para crear empleos bajo condiciones adversas de criminalidad, así como por la reasignación del gasto que deja de invertirse en infraestructura, en la industria y en educación.

 

Debilidad institucional

 

De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), entre las barreras que enfrenta nuestro país para el logro de la paz, está el débil arreglo institucional que diluye la efectividad de la política anticrimen, debilidad que afirman, deriva de la falta de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales, así como por la divergencia en las capacidades de las personas que integran las instituciones que hacen frente a la violencia en los tres órdenes de gobierno.

 

Dicho documento subraya que el gobierno mexicano aún carece de una nueva estrategia para enfrentar al narcotráfico, por lo que difícilmente se verá una reducción en los índices de criminalidad en el corto plazo.

 

Aunque se reconoce la reciente intención de las autoridades de reemplazar paulatinamente las fuerzas militares por la gendarmería nacional, anticipa que debido a que la estrategia central de seguridad es la misma, habrá pocos avances en favor de la paz pese a este cambio en la estrategia de seguridad.

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