Una trabajadora de la Secretaría de Cultura del gobierno capitalino fue vinculada a proceso por su presunta participación en el delito de fraude por cinco millones 800 mil pesos en agravio de la dependencia, informó el procurador capitalino Edmundo Garrido Osorio.

 

En conferencia de prensa, recordó que el 14 de noviembre pasado, personal de la Secretaría reportó que la cuenta bancaria de la nómina del personal había sido hackeada para sustraer el dinero.

 

Indicó que ante ello, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales inició una carpeta de investigación, con el apoyo de la Policía Cibernética y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para determinar los movimientos bancarios realizados, así como el aseguramiento de las cuentas respectivas.

 

Subrayó que al conjuntar la información y tras realizar los análisis informáticos forenses, se encontró que la dirección IP (protocolo de Internet) asociada con la transferencia y operaciones no reconocidas correspondía a una utilizada en la propia Secretaría.

 

Asimismo, apuntó, el agente del Ministerio Público obtuvo el dispositivo físico que funge como candado de seguridad, conocido como Token, y el usuario que realizó los movimientos, así como el equipo de cómputo asignado a la imputada de 46 años, que coincidía en tiempo y lugar con los horarios de conexión de operaciones no reconocidas.

 

Incluso, la empleada tenía bajo su resguardo el Token físico y se encontraron registros que el banco le envío por correo electrónico a su cuenta por cada operación realizada, abundó el funcionario local.

 

Con toda es información, dio a conocer que la fiscalía solicitó una orden de aprehensión por el delito de fraude contra la imputada, la cual fue cumplimentada este viernes.

 

Mencionó que en la audiencia inicial, el juez de Control vinculó a la mujer a proceso, dándole como medida cautelar la firma periódica cada 15 días y la abstención de salir de la Ciudad de México y del Estado de México, donde tiene su domicilio.

 

De la investigación se deriva que las cuentas a las que se destinó el dinero corresponden a diversas instituciones bancarias con sede en una entidad de la República, por lo que se ordenó un desglose para continuar con la investigación, a fin de ubicar y detener a otros posibles participantes, agregó.