Los gobiernos de México y Francia mantiene vigente un Tratado de Extradición desde 1994, en el cual, ambas naciones se comprometen a la entrega de “toda persona que sea perseguida por un delito o que sea requerida para la ejecución de una pena privativa de libertad”.
El tratado señala que si el estado al que se solicita la extradición tiene motivos que ésta es “motivos políticos”, tendrá la opción de negarse a entregar al presunto culpable de delitos.
Tanto México como Francia, indica el documento, mediante una nota diplomática podrán solicitar la extradición de personas a las que se les imputa un delito, y de prosperar la solicitud, ambas naciones están comprometidas a cooperar para aceptar la entrega.