Después de casi un mes de discusiones, foros y argumentos contrapuestos entre la Federación, el gobierno capitalino y empresarios, ayer se presentó la propuesta oficial de Miguel Ángel Mancera para lograr un aumento del 23% al salario mínimo, es decir, elevarlo de 67.29 a 82.86 pesos, a partir del siguiente año.

 

El anuncio llegó sin sorpresas. Más allá de 10 acciones —cinco federales y cinco locales— para iniciar la recuperación de los ingresos de los trabajadores, el mandatario capitalino ratificó las cifras dadas por él mismo días atrás: un primer aumento salarial a 82.86 pesos y ajustes graduales para llegar a 171.03 pesos.

 

De acuerdo con el documento oficial, “se trata de un aumento absoluto de 15.57 pesos”, que “sería el inicio de una trayectoria de recuperación (del salario) que buscaría alcanzar a lo largo del tiempo del mandato constitucional (sexenio) la línea de bienestar: 171.03 pesos”

 

Se explica que dicho incremento provocaría un aumento en el nivel de precios de aproximadamente 0.9%, el cual, a consideración de un grupo de expertos, representa “un golpe menor” en el bolsillo de los consumidores.

 

Para Mancera “este planteamiento a todas luces es razonable y factible. Es un aumento significativo y prudente al mismo tiempo. Colocado en una ruta de recuperación a mediano plazo”.

 

Discusión “de otro nivel”

 

Como lo adelantó 24 HORAS el lunes pasado, Mancera lanzó su esperada propuesta sin la presencia de representantes del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ni de la cúpula empresarial, sectores que han mostrado su rechazo a la idea de aumentar el salario mínimo.

 

Sin embargo, el jefe de gobierno del DF se refirió a ellos sin mencionarlos y los llamó a enfrentar un debate “político, técnico y ético”, con argumentos y datos actualizados, para construir un acuerdo nacional para la creación de una política de recuperación del salario mínimo.

 

“En este momento lanzamos una convocatoria abierta, transparente, para desplegar un debate nacional sobre uno de los temas más importantes, de los grandes problemas económicos, que lo es el salario mínimo”, subrayó.

 

Adelantó que en breve hará llegar su propuesta a las secretarías del Trabajo y Hacienda del gobierno federal, al Congreso de la Unión, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y a todos los involucrados en el tema.

 

“Al presentar este documento no estamos cerrando el debate, por el contrario, estamos proponiendo que la discusión se dé en otro nivel, con más información actualizada, que superemos objeciones iniciales y que busquemos ver que sí se puede hacer”, dijo.

 

Y remarcó: “ahí están los planteamientos, ahí está el documento. Vamos más allá, se requiere voluntad política, toma de conciencia, podemos construir una solución entre todos. No hablemos de paternidades, hablemos de soluciones. Ese es el punto, esa es la meta”.

 

Las acciones

 

En el documento, elaborado por el gabinete económico del GDF y un grupo conformado por siete expertos en la materia, se establecen cinco propuestas generales a nivel nacional y cinco a nivel local para apuntalar la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.

 

La primera de las propuestas nacionales es aumentar el salario a 82.86 pesos para 2015; la segunda es “desindizar el salario mínimo como unidad de referencia de otros precios y variables ajenas al mercado laboral” y la tercera es fortalecer la autonomía de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

 

La cuarta menciona que se debe crear una Comisión Interinstitucional para “monitorear y hacer el seguimiento puntual de los efectos del aumento en los sueldos mínimos y la quinta habla de modificar el calendario de determinación del salario mínimo.

 

En el ámbito local se propone que la ALDF desvincule en breve al salario mínimo “en todas las leyes locales pertinentes”; que el GDF creé un programa de mejora laboral para sus trabajadores con más bajos salarios.

 

Se sugiere al gobierno capitalino establecer “una nueva política general de contratación de servicios y bienes, para relacionarse sólo con empresas que demuestren pagar un salario mínimo de 82.86 pesos o más a sus trabajadores”.

 

La cuarta propuesta es que el GDF analice desplegar una política de excepción fiscal al impuesto sobre la nómina a micro y pequeñas empresas durante el primer año en el que paguen el mínimo de 82.86 pesos.

 

Finalmente, dice el documento, en una tarea al mismo tiempo local y federal podría pensarse en impulsar los mecanismos de vigilancia e inspección de las condiciones generales de trabajo en los establecimientos y empresas del Distrito Federal.

 

La ruta uruguaya

 

Si algún consenso hay entre gobierno federal, empresarios y Mancera, es que el salario mínimo se debe desvincular de los conceptos a los que está atado, como multas, para luego discutirse el aumento.

 

En este sentido, el gobierno de la Ciudad de México propone seguir la ruta de Uruguay, país que en la última década entró en un proceso de recuperación del salario mínimo de sus trabajadores.

 

Para ello es necesario que México emule este modelo para crear una unidad de cuenta distinta a la del salario mínimo, a fin de que éste tenga la independencia necesaria para crecer sin aumentar la inflación.

 

En el documento se asienta que “la ruta más factible, ensayada ya con éxito en otras naciones, es la producción de una Ley General de la Unidad de Cuenta del Estado Mexicano (UCEM)”, es decir, “un nuevo ordenamiento, extraordinariamente simple con dos ejes fundamentales: establecer la unidad e indicar en qué casos se utilizará”.

 

“La ley establecerá que, a partir de la fecha acordada, la sustitución del referente, ‘salario mínimo’ por la nueva UCEM. La Unidad de Cuenta, esa sí, podría ser indexada en la línea con la inflación según el índice de precios”, se detalla.

 

Durante la presentación, Mancera estuvo acompañado del secretario de Desarrollo Económico del DF, Salomón Chertorivski; del de Finanzas, Édgar Amador, y del grupo de expertos que elaboraron la propuesta.