Dando continuidad a nuestro comentario anterior con relación al TLCAN (Tratado de Libre Comercio para América del Norte), del 16 al 20 de agosto, consideramos que a pesar de un entorno más tranquilo en percepción, las cosas se irán complicando, pues se tiene la intención de concluir las seis rondas antes de fin de año, pero lo vemos poco probable.

 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, nombró a Kenneth Smith Ramos como jefe negociador técnico (participó en la negociación original del tratado), y a Salvador Behar Lavalle como jefe negociador adjunto.

 

El documento presentado el 17 de julio por la Oficina Comercial de Estados Unidos muestra una propuesta aparentemente constructiva para la negociación, pero incluye algunos aspectos que podrían encontrar oposición tanto de México como de Canadá.

 

El comercio entre los tres países debe ser “equilibrado”. México tiene un superávit con EUA de 63 mil 200 millones de dólares. Este punto podría afectar a algunos sectores como el automotriz. Otra posibilidad sería que México compre más a Estados Unidos, con implicaciones en costo, inflación y productividad. ¿O será ver si se incluye al sector energético? En materia de transportación y distribución de gas, por ejemplo.

 

Por otro lado, se buscará considerar reglas de origen como tema prioritario. Limitar los insumos hechos fuera de los tres países que califican para bajos aranceles cuando incursionan a Estados Unidos. Este país busca generar una mayor producción. Simplemente veamos el acuerdo reciente en materia del azúcar, en el que se redujo la exportación refinada y se aumentó la exportación de azúcar cruda. Afectaría al sector automotriz y electrónico, entre otros.

 

Un punto relevante será la evaluación de que Canadá y México deben abrir el abastecimiento federal, estatal y municipal a empresas de Estados Unidos, cuando desde el inicio de la administración de Trump ha insistido en que su Gobierno federal y Gobiernos estatales deben comprar productos americanos. En ese sentido, sabemos que en los estados y especialmente en los municipios en México se carece de información con transparencia y con riesgo de “politizarse” previo a las próximas elecciones.

 

La propuesta que busca Estados Unidos sobre las reglas asimétricas de protección a los inversionistas muestra un posible conflicto de interés que seguramente México y Canadá tratarán de evitar. “Las empresas en Estados Unidos deberán ser protegidas por un sistema de arbitraje independiente operando bajo la jurisprudencia internacional cuando inviertan en México y Canadá”, mientras que las compañías mexicanas y canadienses deberán recurrir solamente a las leyes de Estados Unidos.

 

Otro punto relevante, y de posible conflicto, será que Estados Unidos desea abolir el Capítulo 19 del NAFTA para soluciones de controversias para los casos de antidumping e impuestos compensatorios. ¿En ese sentido, cómo sería? Imaginemos que no hubiera existido y, en su caso, el presidente Trump ha tenido la intención de incluir altos impuestos a muchos productos que van de nuestro territorio a Estados Unidos. ¿Qué habría pasado?

 

Suerte para nuestros representantes, y que tomen las mejores decisiones para los mexicanos y nuestra economía.

 

caem