La Secretaría de la Función Pública (SFP) pondrá en marcha una serie de acciones para reforzar la rendición de cuentas en los más de 200 mil funcionarios federales y combatir la corrupción, derivado de la polémica por la posesión de la llamada Casa Blanca por parte de Angélica Rivera y la de Malinalco, de Luis Videgaray.
Hace un par de meses, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, iniciar una investigación para determinar si incurrió en conflicto de interés porque su esposa posee una residencia en Las Lomas, propiedad que le vendió un contratista del gobierno. Además, anunció una serie de acciones ejecutivas para el combate a la corrupción.
En consecuencia, ayer la SFP publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las nuevas reglas para la declaración patrimonial, que incluye la de posible conflicto de interés, así como “la propuesta del protocolo de actuación de los servidores públicos en su contacto con los particulares en materia de contrataciones públicas”.
“Las nuevas reglas para la declaración patrimonial y de posible conflicto de interés aplican para el Presidente de la República, secretarios de Estado, Procuradora General de la República, el Consejero Jurídico, titulares de entidades paraestatales y de órganos desconcentrados, así como 206 mil servidores públicos más, pertenecientes a cerca de 350 instituciones de la Administración Pública Federal (APF)”.
La nueva figura de Declaración de Posibles Conflictos de Interés estará disponible en la plataforma Declaranet e incluirá información relacionada con puestos, cargos, comisiones, actividades o poderes que el funcionario desempeñe en órganos directivos, en empresas, o bien en otras asociaciones privadas, señalando la frecuencia anual con la que participa y si dicha actividad ha sido desempeñada antes o durante el servicio público”.
Otra de las innovaciones es que los servidores públicos estarán obligados a transparentar las “participaciones económicas o financieras, así como aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos que tengan valor económico presente o futuro y que el declarante tenga con personas físicas o morales, precisando si el tipo de participación o contrato fue antes o durante el servicio público”.
Mayor transparencia
Respecto a las declaraciones patrimoniales, además de lo establecido en la ley, los funcionarios, a partir de mayo, deberán agregar “el nombre del último vendedor de los inmuebles de su propiedad o de su cónyuge, concubina o concubinario o dependientes económicos”.
El gobierno federal establecerá un protocolo que definirá las reglas para el “contacto con particulares en el otorgamiento y prórrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, incluyendo las transacciones comerciales internacionales relacionadas con dichos procedimientos”.
Además, “en cuanto al registro de servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas, se pone en marcha un portal en el que la ciudadanía puede consultar qué servidores públicos intervienen en dichos procedimientos y sabrá quiénes participan en la tramitación, atención y resolución de los asuntos que se realizan cuando se adjudica un contrato”.