La secretaría de Relaciones Exteriores debe solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para que investigue a las autoridades migratorias de los Estados Unidos por las millones de deportaciones arbitrarias de mexicanos.

 

A través de un punto de acuerdo ya turnado a la Segunda Comisión de la Permanente, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, presidente de la comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, anunció que se buscará que la Cancillería haga este llamado.

 

En los últimos cinco años, el gobierno de los Estados Unidos ha deportado a más de cinco millones de migrantes a México, situación que ha ido en aumento de manera arbitraria denunció.

 

El legislador federal del Partido Encuentro Social (PES) precisó que de acuerdo con el Colegio de la Frontera Norte, en estas acciones se realizan de manera arbitraria, violando las garantías individuales.

 

A esos actos violatorios de los derechos humanos, dijo, se suma el hostigamiento y violencia de la Patrulla Fronteriza contra los migrantes mexicanos, “provocando muertes a manos de elementos de dicha corporación, y violación sistemática a los derechos humanos durante la detención de nuestros connacionales”.

 

El legislador refirió que con base en la experiencia de connacionales deportados, durante el proceso de repatriación las parejas son separadas entre sí y también de sus hijos con ciudadanía estadunidense violando el debido proceso.

 

“Transgreden el derecho a la información de los detenidos, tanto del procedimiento migratorio que enfrentan, como las condiciones en la cuales se dará su expulsión”, afirmó el legislador del PES.

 

Agregó que estas personas desconocen el contenido de los documentos que firman y la negativa para acceder posteriormente a ellos al no entregárseles copia de la resolución migratoria que dicta su expulsión de ese país, “hay detenciones, redadas realizadas en los centros de trabajo, en barrios y en calles, violando todo principio de respeto a los derechos humanos de los trabajadores migrantes”.

 

Mencionó que según información del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, se sabe que “entre 1998 y el 2007 fueron expulsados más de 100 mil padres con hijos nacidos en ese país, y sólo entre enero y junio del 2011 esa cifra llegó a más de 46 mil padres, con lo cual en ese año la cifra pudo alcanzar el número total de expulsiones de la década previa”.

 

En abril de 2015, de acuerdo a información proporcionada por la Universidad de Siracusa, del estado de Nueva York, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos pidió la deportación de 22 mil 538 mexicanos durante los primeros seis meses de ese año. Del total de inmigrantes contra quienes se iniciaron trámites de deportación, treinta y cinco por ciento fueron mexicanos; diez por ciento más que el año pasado.

 

Guízar Valladares estimó que ante esas acciones de desprecio a los migrantes mexicanos, se deben sumar voluntades para que en los términos del derecho internacional, en los instrumentos regionales de protección y promoción de derechos humanos, se exija el respeto irrestricto a los connacionales que constantemente son transgredidos por la autoridad migratoria del país vecino del norte.

 

Por ello, resaltó la urgencia de que intervengan organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos responsable de la promoción y protección de estos derechos en la región.