A medida que transcurre el tiempo, en EU millones de migrantes mexicanos viven días de angustia, frustración e incertidumbre, por los ataques del presidente Donald Trump al DACA y a los indocumentados, así como por el acoso de grupos racistas que invitan a denunciarlos.

 

La Casa Blanca y líderes del Congreso discuten el futuro de más de 800 mil dreamers, hijos de indocumentados, amparados bajo el DACA, el Programa de Deportación Diferida autorizado por el ex presidente Barack Obama, que Trump condiciona a garantizar más seguridad en la frontera.

 

“Si bien es cierto que es urgente garantizar la protección de los jóvenes dreamers traídos a Estados Unidos durante la infancia, también es urgente asegurar algún tipo de protección para sus padres, que suman cientos de miles y cuya información está en poder de Inmigración y Aduanas, lo que los coloca en un gran riesgo de ser deportados”, advierte George Escobar, vocero de la Organización Casa de Maryland.

 

Sin el tradicional sistema de espectaculares redadas, los jefes de oficinas de campo de Inmigración y Aduanas de todo el país, visitan sorpresivamente todos los centros de trabajo que pueden, exigiendo a los empleados presentar documentos migratorios, con el objetivo de aumentar sus “cuotas” de detención de indocumentados.

 

Como resultado, restaurantes como “Match Box” en Rockville, Maryland, despidieron recientemente más de 40 empleados y otros, como Bob Evans, prácticamente tuvieron que cerrar, generando un temor, que se extiende a comunidades, donde grupos antiinmigrantes tapizan con posters apócrifos del Departamento de Seguridad Interna, urgiendo a sus vecinos a denunciarlos.

 

“El liderazgo de oficinas de campo es más agresivo y con una política de menos instrucción de la administración central, que les da más discrecionalidad, tratan de maximizar el número de gente que arrestan, actuando en violación de numerosos reglamentos internos y leyes que garantizan la protección de derechos civiles a todos quienes viven en este país” dice Escobar.

 

Orientación legal

En auxilio de su población indocumentada, el Gobierno mexicano adoptó medidas extraordinarias, como la contratación de bufetes de abogados, para apoyar a personas sin documentos para analizar sus posibilidades de obtener la residencia o permisos de trabajo.

 

Rafael Laveaga, Cónsul General de México en la zona metropolitana de Washington, que cubre el Distrito de Columbia, Maryland, Virginia y Virginia Occidental, informó que el Gobierno de México implementó una “amplia estrategia para proteger a todos los paisanos mexicanos, que incluye apoyo legal para definir su situación migratoria, apoyo legal y financiero, si es necesario para los dreamers hijos de indocumentados, para la renovación de sus respectivos permisos, sin pérdida de tiempo, llamando al número (202) 736 1012 o en la cuenta de twitter @consulmexwas.

 

“Nosotros les conseguimos cita sin costo con un abogado honesto de servicios migratorios que analice su caso, sus papeles y diga al paisano si califica o no para una situación migratoria de tal forma que si tiene posibilidades, el abogado le indique cuales son los pasos a seguir”, dijo Laveaga, quien agregó que “no es tiempo de estar angustiados, sino informados y preparados para lo que pueda ocurrir”.

 

Aseguró que también se imparten cursos de educación legal y financiera para indocumentados a fin de asesorarlos a fin de evitar que sean separados de sus hijos nacidos en este país, nombrando custodios, igual que para la apertura de cuentas bancarias y protección del patrimonio que han acumulado durante su estancia en EU.

 

Acciones que Artemio Arreola, Director Político de la Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, de Illinois, si bien considera positivas, cree son aún insuficientes, porque en algunas ocasiones se basan en opiniones de personas que desconocen antecedentes de la situación de los inmigrantes.

 

“Es cierto que el Gobierno de México ha destinado recursos, tiene buenas intenciones, pero todavía no tienen intenciones claras de cómo lo van a hacer o cómo lo van a implementar”, dice Arreola, cuya Coalición agrupa a más de una docena de organizaciones involucradas en la defensa de los derechos de los migrantes.

 

Arreola destaca que ante el creciente temor e incertidumbre originado por las declaraciones del presidente Trump, los inmigrantes buscan el apoyo de organizaciones comunitarias como la que representa y a Iglesias, mientras que acuden a los consulados únicamente cuando se trata de tramitar documentos legales.

 

“Si realmente quiere ayudarlos” dice Arreola, “el gobierno debe apoyarse más en la infraestructura creada por organizaciones legítimas y reconocidas, que ya han realizado un extenso trabajo de información, educación y asesoría legal y económica durante décadas, para tener mejores resultados, en lugar de pretender resolver -sin suficiente conocimiento- una situación apremiante que no tiene tiempo de aprender.”

 

El dirigente reconoció que el Gobierno mexicano está comenzando a buscar el contacto con esas organizaciones, lo que le permitirá utilizar más óptimamente los recursos de que dispone y reiteró su demanda de que, de una forma similar al programa 3X1, en el que los inmigrantes, con apoyo de los gobiernos estatales y locales, canaliza recursos al desarrollo de comunidades, se forme un programa similar, en el que los gobiernos de México y Estados Unidos, con apoyo de grandes empresas de este país, canalicen recursos para la creación de empleos en entidades federativas de México, que más inmigrantes expulsan.

 

“Los gobiernos de México y Estados Unidos deberían aportar recursos para abrir fuentes de empleo y mejorar la infraestructura de entidades expulsaras de indocumentados e invitar a las empresas más grandes de Estados Unidos a hacer lo mismo, aportando un 33% cada uno, lo que, de haberse hecho cuando lo propusimos, ya habría frenado automáticamente la inmigración indocumentada.

 

George Escobar, de Casa de Maryland, reconoce que hay más apoyo de México, pero coincidió en que “el Gobierno mexicano debería involucrarse más en participar en demandas por la violación de derechos humanos y civiles de su población migratoria en Estados Unidos, así como asumir una postura más enérgica en defensa de sus ciudadanos, ante ataques del presidente Trump, congresistas y grupos racistas”.

 

“Aún hay mucho que hacer, los gobiernos de México y naciones centroamericanas deben ser más innovadores protegiendo los derechos de su población en EU, estar a la defensiva, pero ir más a la ofensiva, participando más en demandas por la violación de derechos humanos básicos”.

 

Demandan dreamers a Trump por DACA

WASHINGTON.- Seis jóvenes indocumentados, conocidos como dreamers, interpusieron ayer una demanda contra el Presidente de EU, Donald Trump, por violar sus derechos al acabar con el programa migratorio DACA.

 

Esta es la primera demanda que interponen contra Trump los afectados por su decisión de suspender el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), proclamado en 2012 por el ex presidente Barack Obama y que permitió a 800 mil jóvenes indocumentados trabajar y frenar su deportación.

 

En la demanda, los dreamers acusan al Gobierno de haber violado su derecho al debido proceso al anunciar de manera abrupta el fin de DACA, algo que se hará efectivo en seis meses, el plazo que Trump ha dado al Congreso para buscar una alternativa a ese plan migratorio.

 

También argumentan que el Gobierno ha violado la enmienda de la Constitución de EU que establece que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera ante la ley.

 

“La decisión de poner fin al programa DACA es una promesa incumplida y una violación sin precedentes de los derechos constitucionales de los demandantes y de otros jóvenes que confiaron en el Gobierno federal para honrar su promesa”, afirman los demandantes en su escrito, interpuesto en la corte del distrito norte de California, en San Francisco.

 

Por ello, piden a la corte que suspenda de manera temporal, antes de que cause algún daño, la decisión “ilegal e inconstitucional” de Trump y, además, exigen a la Justicia que “obligue al Gobierno a cumplir sus promesas y a revertir su anuncio sobre el fin del programa DACA“.

 

Entre los seis demandantes se encuentra Viridiana Chabolla Mendoza, a quien sus padres trajeron desde México cuando tenía sólo dos años y quien este año accedió a la facultad de derecho de la Universidad de California. 

 

“El fin de DACA impedirá a la señora Chabolla cumplir su sueño de trabajar como abogada y ayudar a las personas de comunidades desfavorecidas a obtener justicia a través del sistema legal”, ejemplifican los demandantes en su escrito.

 

En la incertidumbre

El Gobierno de Donald Trump anunció el fin de DACA el 5 de septiembre pasado, pero la suspensión del programa entrará en vigor hasta el 5 de marzo de 2018,

 

– El Congreso debe aprobar una ley para aclarar la situación de los jóvenes indocumentados, antes de marzo próximo.

 

– Los demócratas apoyan regularizar la situación de los dreamers, mientras la mayoría de los republicanos condicionan su ayuda a la obtención de fondos para reforzar la seguridad en la frontera con Méico.

 

– 800 jóvenes son beneficiarios del DACA y el Gobierno tiene sus datos y los de sus familiares.

 

– 78% de ellos proceden de México.

 

– La población latina en los Estados Unidos suma 58 millones

 

– Los hispanos de origen mexicano representan el 63.3% de la población hispana de EU

 

Fuente Pew Research Center

 

caem