Ante la intensificación de la violencia y delincuencia en Michoacán, urge que el gobierno implemente una operación, más que militar, de carácter político-social-empresarial, para hacer frente al acoso que padecen las comunidades por el crimen organizado, aseveró el especialista en prevención social de la violencia la UNAM, Pedro de la Cruz Lugardo.
“Estamos ante una doble crisis. Una es la ausencia de una operación de carácter político, social y empresarial, y la falta de coordinación intergubernamental de los tres niveles de gobierno para incluir a todos los actores representativos de las comunidades que viven con temor y han asumido el control de su protección en sus propias manos”, advirtió el catedrático e investigador en entrevista con 24 HORAS.
Si el gobierno no tiene la capacidad para “rehacerse institucionalmente”, y tomar el control la interlocución con las comunidades, en un intento de consolidar la presencia que puede brindar la federación, estarían ante una embestida permanente de los cárteles que operan en la región, señala el experto.
“Es fundamental la capacidad de un acercamiento con inteligencia política, con capacidad gradual y progresiva de las fuerzas locales, para brindar protección a las comunidades. Eso podría ofrecer una primera salida a este acoso permanente y la dinámica de extorsión por parte del crimen organizado”, aseveró Cruz Lugardo.
Para el especialista, se trata de “un momento muy delicado para la entidad, en particular para Apatzingán y la región norte del estado, donde es evidente que los gobiernos están siendo exhibidos, y son cada vez más actores secundarios en esta dramática situación de sobreexposición a la violencia”.
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