México es uno de los países más retrasados de América Latina en garantizar los derechos humanos y laborales de las trabajadoras domésticas. Cerca 2.3 millones de mujeres que se dedican a este empleo viven en la informalidad, trabajando jornadas de hasta 16 horas, con salarios de dos a cuatro mil pesos al mes y sin ningún tipo de prestación laboral.
Desde hace cuatro años que el gobierno mexicano firmó el convenio 189 con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sin embargo, no lo ha enviado a la Cámara de Senadores para que sea ratificado, por lo que no ha podido entrar en vigencia.
Este convenio implicaría que las trabajadoras domésticas mexicanas sean reconocidas en la Ley Federal del Trabajo y en la del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Actualmente, de acuerdo con el análisis del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleados del Hogar (CACEH), hubo algunos avances desde la administración del expresidente Felipe Calderón como que los empleadores pueden –de manera voluntaria- inscribir a las trabajadoras en el Seguro Social y está especificado que deberán tener 9 horas de descanso.
Sin embargo, el esquema de seguridad social para las trabajadoras domésticas no tiene los mismos alcances que para el resto de los trabajadores.
De acuerdo con la Conapred, las trabajadoras domésticas mexicanas se han convertido en una nueva generación de esclavas cuyos derechos laborales no están reconocidos por las leyes, en comparación con otros países de América Latina que sí han firmado el convenio 189 como Perú, Chile y Uruguay donde existen condiciones de respeto para su labor.