Si las previsiones de la Secretaría de Hacienda se cumplen, en los próximos días se dará a conocer la primera Ley de Tecnología Financiera para formalizar la operación de al menos 180 empresas que desde hace tiempo ofrecen pagos y transferencias, banca móvil, entre otros productos y servicios.
La nueva legislación, cuya presentación estaba originalmente prevista para septiembre pasado, se encuentra actualmente en consulta entre los participantes del sector, incluida la banca tradicional, y fue elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.
Sin embargo, la ruta para regular a estas empresas que prometen revolucionar el sector financiero es aún larga. La iniciativa de ley será analizada en el Congreso, para después continuar con la legislación secundaria.
Para los jugadores, el mayor reto será encontrar el equilibrio entre proteger a los usuarios, pero sin imponer barreras a la competencia y la innovación en un sector que tiene a la tecnología como eje rector, en donde la interacción entre quienes ofrecen los productos y servicios y los clientes es online, principalmente.
Los temas que se han puesto sobre la mesa, la nueva legislación establece que las denominadas Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) deberán contar con la aprobación de la CNBV, un plan de negocios, políticas en materia de control de riesgos, prevención de fraudes y documentos que certifiquen el desarrollo de la interfaz o plataforma. Asimismo, tendría la obligación de contar con oficinas y un capital mínimo, que estaría por definirse.
Al margen del sistema
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reconoce que estas empresas han revolucionado la industria financiera al incluir a más sectores de la población, pero no cuentan con seguro de depósito, un mecanismo que, por ejemplo, protege el dinero que los ahorradores depositan en instituciones autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El mecanismo a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubre cuentas de ahorro, cuentas de cheques, tarjetas de débito, cuentas de nómina, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y certificados de depósito, por un monto equivalente de hasta 400 mil Udis, por persona física o moral.
La Condusef aclara que carece de jurisdicción en las empresas Fintech porque no están inmersas en el sistema financiero formal.
Al participar en la Cumbre de Educación Financiera 2017, de la semana pasada, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, reiteró las bondades de la industria de tecnología financiera para fomentar la inclusión y la necesidad de un marco regulatorio adecuado.
México se ha colocado como el mayor mercado Fintech de Latinoamérica, y según algunas previsiones, en la próxima década estas empresas podrían tomar 30% del mercado bancario mexicano, cuyo valor se estima en más de 30 mil millones de dólares.
Ante el crecimiento de la industria, han sido los propios jugadores los promotores de una legislación que les dé certeza, pero también brinde confianza a los usuarios y a los inversionistas que han inyectado cantidades millonarias en este tipo de empresas.