De lograr independizarse, Cataluña sería automáticamente excluida de la Unión Europea, a la que sólo podría adherirse después de un nuevo proceso; pero para lograrlo sería necesario que su proclamación de independencia respetara ciertas condiciones que le permitieran ser validada por los 28 países de la UE.

 

Los Estados miembros de la UE “no reconocerán a Cataluña como Estado si nace en violación de la ley y en particular de la Constitución de España”, advierte Jean-Claude Piris, abogado especializado en derecho europeo.

 

El referéndum de independencia catalán se llevó a cabo a pesar de la anulación por parte del Tribunal Constitucional español, cuyas decisiones son la base para el gobierno español, por lo que es poco probable que los 28 reconozcan a una Cataluña que haya proclamado su independencia sobre esa base.

 

Si después de una mediación, Madrid acordó organizar una nueva consulta “legal”, respetando la Constitución española, el resultado podría abrir el camino a una declaración de independencia reconocida por la comunidad internacional y la Unión Europea. En esta etapa, sin embargo, este escenario parece muy poco probable.

 

Los tratados constitutivos de la UE no prevén el procedimiento en caso de separación de parte del territorio de un Estado miembro, pero la Comisión Europea se basa en 13 años de “Doctrina Prodi“, llamada así por Romano Prodi, ex presidente del ejecutivo europeo. Esta “posición jurídica” establece el principio de que un Estado nacido de una secesión dentro de la UE no sería automáticamente considerado parte de la Unión.

 

“Una región de reciente independencia, en virtud de su independencia, un tercer país en relación con la Unión y todos los tratados ya no se aplicará en su territorio el primer día de su independencia”, afirmó Prodi en 2004. Para convertirse en miembro de la Unión, se emprenderían negociaciones para integrarla en la UE tras la aprobación unánime de los 28 Estados miembros.

 

Sin embargo, las negociaciones serían diferentes de las que se están llevando a cabo actualmente con los países de los Balcanes o con Turquía, donde la Unión tendría que armonizar su legislación con la suya propia, pero también armonizarse con su política exterior y cumplir sus normas en el ámbito de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Con Cataluña, que actualmente forma parte de un país de la UE, “ciertamente sería menos difícil … porque ya habría una convergencia normativa”, observa un diplomático en Bruselas.

 

Los expertos creen, sin embargo, que en caso de reconocida independencia, los europeos no tienen ningún interés en pasar por la “Doctrina Prodi”. Yves Gounin, profesor de la IEP de París, sostiene que “la solución más razonable sería negociar simultáneamente la independencia y la adhesión a la Unión Europea”, argumentando que el “realismo” supera a la “ortodoxia”.

 

Mientras tanto, Cataluña debería poder seguir utilizando el euro. Esta moneda de referencia internacional ya se utiliza como moneda nacional fuera de la UE, a veces de común acuerdo con Bruselas, como es el caso de Mónaco, a veces sin el apoyo de Bruselas, como en Kosovo , que declaró su independencia en 2008.

 

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