Los Tribunales de Justicia, particularmente el del Distrito Federal, no son instrumentos de venganza ni de linchamientos, “se aplicará la ley con todo rigor y con toda severidad pero la ley se va a aplicar, sin linchamientos y sin venganzas”, subrayó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar.

 

El TSJDF cerró filas con el Gobierno capitalino en torno a los momentos difíciles que vive el país, por ello, apoyará sus decisiones apegadas a la ley y a la Constitución.

 

En éste sentido, Elías Azar, enfatizó que la capital del país no está sola, porque detrás tiene toda la fuerza y todo el imperio de la ley que puede dar el órgano jurisdiccional.

 

Por ello, subrayó que los jueces capitalinos,  están de pie y firmes, y en horas complejas para la República han de erguirse para encarar los problemas, por difíciles que parezcan, ayudando a recuperar el orden.

 

“Hay quienes, y sobran, son agoreros del desastre; hay quienes desearían arriar velas y quedar a la deriva; otros que se atemorizan con los estruendos de la tormenta. En nuestra función judicial sabemos bien de nuestras responsabilidades ante la sociedad; conocemos de nuestras capacidades y posibilidades de respuesta adecuada, y confiamos en la ley, pero sobre todo confiamos en la conciencia de cada juzgador”, comentó.

 

Posteriormente, en entrevista, calificó de legal la detención  de 15 personas el jueves pasado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), en las  inmediaciones de Boulevard Puerto Aéreo.

 

Dijo que  el juzgado Séptimo  de Delitos No Graves, consideró que la detención de cada uno de los implicados estuvo apegada a derecho, aunque todos están libres con fianzas y cauciones de 50 y 100 mil  pesos.

 

Detalló que su liberación no los exime del proceso, 11 de ellos acusados de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública; y otros  cuatro por los mismos ilícitos, más el de portación de objetos para agredir, y de ser encontrados culpables, se van a aplicar las sanciones penales correspondientes. DE