Derivado del latín civitate, la palabra civismo alude a nuestro comportamiento dentro de la ciudad o sociedad en la que nos corresponde vivir; forma también parte de la llamada cultura cívica que engloba nuestra participación en los procesos de elección democráticos.
En los últimos 25 años en México, hemos construido instituciones fuertes que nos garantizan imparcialidad y confianza en los resultados electorales, más este avance en el sufragio no se ha reflejado en mayor bienestar para la población.
De hecho, el desencanto de los ciudadanos es mayúsculo porque en México la pobreza no cede, a pesar de las millonarias cantidades presupuestales que se destinan para combatirla: más de la mitad de los mexicanos sufre algún grado de pobreza en términos de las clasificaciones del Coneval.
La percepción de inseguridad pública que campea a lo largo y ancho del país es grave. La ENVIPE 2016 reveló que 74.1% de los mexicanos mayores de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. El estado de Derecho en México es débil y, en muchas regiones, como decía el gran José Alfredo, la vida no vale nada, de plano.
Y por supuesto, el alto nivel de corrupción en todas las instituciones públicas y privadas de México. Pero, de manera muy notoria, en el ámbito político, presenta un deplorable escenario que conduce al ciudadano a la irritación y a la decepción.
La baja estima de los ciudadanos por los partidos políticos, los parlamentarios locales y federales, las policías locales o regionales, entre otras, nos está conduciendo a un punto grave, donde se ve indispensable ejecutar grandes reformas y cambios que impliquen forzosamente la intervención o participación de los ciudadanos en las decisiones públicas.
No se trata únicamente de cambiar para que todo siga igual, se trata de involucrar a la sociedad en la cultura cívica. Es decir, fortalecer el poder ciudadano más allá del ejercicio del sufragio, para que se apropie de sus derechos, como alguna vez le escuché decir a Carlos Castillo Peraza: “La política es un asunto tan importante, como para dejarlo sólo a los políticos”.
Fomentar la cultura cívica -como lo ha asumido el INE por determinación propia en su estrategia 2017-203- es un esfuerzo loable y digno de ser apoyado, pero será insuficiente si ciudadanos y políticos no asumimos el mismo compromiso.
Por nuestra parte, junto con los diputados de Acción Nacional entendimos que es urgente actuar, por eso firmé y participé en la iniciativa para reducir el número de diputados y senadores, para disminuir el financiamiento público a los partidos, incluir la segunda vuelta y eliminar el fuero a servidores públicos, que se ha convertido en sinónimo de impunidad.
*Vicepresidente de la Cámara de Diputados.