Cuando el 5 de enero propuse, junto con los senadores y diputados de Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, la realización del período extraordinario para resolver el “gasolinazo”, actuamos con sentido de urgencia ante los reclamos sociales que todos los días se registran a lo largo y ancho del país.

 

Y cuando escuché el reciente mensaje del titular del Poder Ejecutivo confirmé mi convicción. Un número importante de legisladores creemos que sí hay otras alternativas para la población, que es posible reconsiderar el “gasolinazo” y regresar el precio del litro de gasolina a los niveles que tenía en el año 2016.

 

Las comparecencias de los secretarios y directores responsables ante las comisiones legislativas son importantes, pero insuficientes.

 

Las diputadas y diputados de Acción Nacional tenemos una alternativa que estimamos viable y que se concreta en reformas al Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) a gasolinas y el diésel para revertir los efectos nocivos por el alza de sus precios.

 

A diferencia de lo que consideró el Presidente de la República, en un gran número de legisladores existe el ánimo de escuchar a la población, de atender sus reclamos, de solidarizarse con su molestia y de actuar en forma responsable.

 

Desde luego que reprobamos los actos de violencia producidos por los vándalos y sinarquistas, condenamos los saqueos y enfáticamente decimos que ése no es el camino.

 

Tampoco es el tiempo del oportunismo. Partidos y líderes sociales debemos guardar para mejor momento la disputa por el poder; lo que está en juego es la estabilidad de la nación. Ya hemos visto que la inestabilidad es el peor de los escenarios y que afecta directamente los indicadores económicos, entre otros la valuación de nuestra moneda que ronda ya los veintiún pesos por dólar.

 

Desde luego que la propuesta de regresar a precios de 2016 el importe del litro de gasolina no es una medida fácil, ya que se requiere de un esfuerzo fiscal importante. No se trata, desde luego, de que se regale la gasolina, simplemente que no se saquen los bolsillos de los ciudadanos.

 

El momento que vivimos es crucial. Por una parte, el Poder Ejecutivo ha cerrado cualquier vía de diálogo y asegura que no existe más camino que tomar la medicina amarga. Ahora tiene la palabra el Congreso Mexicano, ¿seremos capaces de reconocer a tiempo el reclamo social? El asunto apremia y la discusión de las iniciativas presentadas es la vía alterna a la protesta y el justificado enojo ciudadano.

 

*El autor es presidente de la Cámara de Diputados.