Al concluir el proceso de revisión, inspección y verificación del cumplimiento de obligaciones normativas de 617 minas legalmente establecidas en el país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decretó la clausura de 31 instalaciones y ordenó 74 medidas de urgente aplicación en materia de seguridad.

 

El reporte emitido al corte del mes de septiembre pasado, establece que dicho porcentaje representa el 50 por ciento de las mil 252 industrias mineras con registro oficial, sobre las cuales se dictaron 73 medias de atención prioritaria; y en 257 instalaciones se detectaron irregularidad de menor grado.

 

De las 31 instalaciones clausuradas, 24  se realizaron de manera total temporal y 7 en forma parcial.

 

Del total, 15 se ubican en el estado de Puebla, cinco en Querétaro, cuatro en Colima, dos en Guanajuato y las cinco restantes en Tabasco, Jalisco, Chiapas, Baja California Sur y Sonora.

 

Entre las minas clausuradas de manera total temporal se encuentran: Prisciliano Portilla Márquez; JDC Minerales, S.A. de C.V.; Minerales de Norteamérica, S.A. de C.V.; Cerámica Texturizadas de Chiapas, S.A. de C.V.; José Luis Hernández Guerrero; Minerales de Norteamérica, S.A. de C.V.; y Carbón Mexicano, S.A. de C.V.

 

También, Everardo Godoy Lara; Banco de extracción de material pétreo (tepetzil o tezontle); Xtrata, S. de R.L. de C.V.; y Mina de Barita Sanfer del C. Fernando Bazán Teutli.

 

Las minas clausuradas de manera temporal son: Juan Flores Hernández o extracción de material pétreo en Atemeya; Mina de extracción de antimonio Cerro los Paredores; Harbin López Evoli; Irk International, S.A.P.I. de  C.V.; así como dos instalaciones de la Compañía Minera del Cubo, S.A. de C.V.

 

La última mina clausurada de manera parcial fue Buenavista del cobre, S.A. de C.V.

 

Con estas 617 visitas de inspección, la dependencia procura reducir al máximo los impactos ambientales negativos en el área donde se llevan a cabo los trabajos mineros.

 

Además, en su caso, obliga a restaurar o remediar aquellas zonas que resulten afectadas por la explotación minera, promoviendo así que esta actividad se realice de manera responsable en materia ambiental, sustentable y cumpliendo con la normatividad mexicana.

 

AH