La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó al regulador del sector energético establecer en las disposiciones que, conforme a las prácticas internacionales, las empresas que entren al mercado de combustibles como transportistas asuman la responsabilidad en caso de robo. Esto en un contexto de elevada incidencia de robo de hidrocarburos.

 

“Ello sin perjuicio de que el esquema tarifario reconozca ciertas inversiones realizadas por los transportistas para mejorar las condiciones operativas y de seguridad de los sistemas permisionados a efecto de prevenir o mitigar este problema”, precisó la Cofece en el documento Transición hacia Mercados Competidos de Gasolinas y Diésel.

 

Es decir, bajo el nuevo modelo en el que Pemex dejará de ser el distribuidor exclusivo, las empresas que entren al negocio del transporte de combustibles serán las responsables del producto desde su recepción hasta su entrega, incluso se prevén sanciones para garantizar la entrega y recepción de las cantidades y calidades programadas.

 

En 2006, la petrolera destinó 135 millones de pesos a servicios de patrullaje realizados por las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, un costo que para 2014 se incrementó a 514 millones. Sin embargo, el hallazgo de tomas clandestinas en la red de ductos pasó de 213 a cuatro mil 219 en ese lapso.

 

De acuerdo a la firma de análisis Etellekt, en países como Estados Unidos, Brasil, Colombia e Irak, las empresas destinan de manera adicional entre 10% y 15% de la inversión programada para contratar personal y adquirir equipo y tecnología de vigilancia y rastreo.

 

En el caso de México, esta tarea representa un reto, pues, incluso, el plan que anunció Pemex a principios de 2015, que consiste en transportar gasolinas y diésel por pipas y que los ductos sólo lleven productos no terminados, elevó el costo de operación y disparó el robo de vehículos.

 

Según un reporte de Etellekt, transportar un barril de crudo (159 litros) por medio de pipa cuesta 6.50 dólares, pero llevar ese mismo volumen por ducto tiene un costo de 90 centavos de dólar.

 

Además, de acuerdo a la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, desde el inicio de la nueva estrategia de Pemex, se disparó entre 20 y 30% el robo de vehículos, pues el crimen organizado se enfocó en los camiones cisterna con capacidad de 20 mil litros cada uno, o los semiacoplados, que pueden transportar entre 35 mil y 40 mil litros. Según cálculos, el costo del contenido de un camión-cisterna es de aproximadamente 160 mil pesos.

 

El robo de combustible representa para Pemex una pérdida anual de 20 mil millones de pesos, lo que equivale a 4% de las ventas totales de gasolinas, según cifras de la propia empresa productiva del Estado.

 

Alejandro Faya, titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales de la Cofece, explicó que “esta inversión puede ser reconocida para efecto del cálculo y aprobación de las tarifas, es decir, puede ser trasladada por los concesionarios al precio final del combustible”. “Hasta antes de la reforma energética, la vigilancia de la red de ductos de combustible era un asunto de seguridad nacional, porque se trataba de infraestructura estratégica y, por ende, era obligación del estado garantizar la seguridad de toda esa red. Posteriormente, una vez que Pemex se convierte en empresa productiva y se permite la entrada de compañías privadas, el estado se quita ese peso de encima”, concluyó Rubén Salazar, director de Etellekt.

 

Datos 

 

21,315 tomas clandestinas se registraron en el país entre 2000 y la primera mitad de 2016.

 

27 mil barriles de combustible al año es la pérdida registrada por Pemex por este ilícito.

 

95% de la ordeña de combustible la realizan cárteles.

 

39% de las tomas clandestinas está bajo control de los Zetas.

 

40 mil elementos policiales al menos se requieren para vigilar la red de 14 mil km de ductos.