La tortura es un método que se sigue aplicando en la ciudad de México y el resto del país, por ello es uno de los mayores retos y desafíos judiciales, alertó Sandra Luz Díaz Ortiz consejera de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
Denunció que con base a las estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el periodo 2010 -13 se recibieron más de 7 mil quejas por tortura, malos tratos e intimidación aplicadas por elementos de diversas instituciones ligadas a la prevención del delito, y de la procuración e impartición de justicia.
Esta cifra es mayor de la que se reportó hace 10 años por el mismo órgano autónomo.
“La actuación de la autoridad judicial representa un papel fundamental para la prevención, investigación y, en su caso, sancionar la tortura, porque su debida atención incide afirmativamente en la prevención de este tipo de prácticas; caso contrario, ignorarlo, representa el fomento para que se sistematicen y reproduzcan”, planteó la consejera.
Dijo que el papel de la autoridad judicial resulta singularmente importante para inhibir la práctica de la tortura, por lo que llamó a jueces y magistrados a tener una actuación eficaz para detectar y responder de manera oportuna, ante posibles afectaciones a los derechos humanos de personas sujetas a proceso.
Además que una persona detenida por la probable comisión de un delito no pierde su derecho a ser tratada con humanidad, y enfatizó que la impunidad de la tortura sólo fomenta este ilícito, mientras que la sensibilización acerca de éste la inhibe.