Son 23 y no cinco, los perfiles que, a decir de los senadores, cumplen con la idoneidad para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción, es decir, el total de los candidatos que llegaron a la ronda de comparecencias ante los integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República.

 

 

En la reunión de trabajo para aprobar el dictamen de idoneidad de los aspirantes afiscal anticorrupción; los senadores Armando Ríos Piter, Angélica de la Peña, Luis Humberto Fernández y Martha Tagle, criticaron que el Comité de acompañamiento ciudadano no haya dado a conocer a detalle las evaluaciones y calificaciones obtenidas por los 23 candidatos a fiscal y cómo llegaron al acuerdo de que los cuatro nombres dados a conocer el lunes pasado son quienes a su consideración cumplen con el perfil idóneo.

 
El senador Ríos Piter consideró que la sociedad civil se extralimitó al dar a conocer sus cuatro propuestas; no obstante, la presidenta de la comisión de Justicia del Senado, la panista Pilar Ortega, aclaró que las propuestas del Comité no son vinculatorias y, por lo tanto, el Senado es el único responsable de generar el acuerdo para designar al primer fiscal anticorrupción del país.

 
Mientras, el presidente de la comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el priista Héctor Yunes Landa, confió en que a más tardar en dos semanas los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) elijan al fiscal anticorrupción y aclaró que para las comisiones son 23 candidatos y para la sociedad civil cuatro, los que cumplen con el perfil idóneo.

 
Además, explicó que las comisiones unidas no determinaron metodología alguna para el comité de acompañamiento y por lo tanto ellos decidieron y fueron libres de hacer sus cuatro propuestas.
Se espera que en los próximos días los grupos parlamentarios hagan sus evaluaciones sobre los perfiles que consideren idóneos y a través de sus coordinadores los lleven a la Jucopo, la cual elaborará el acuerdo final que deberá ser votado por las dos terceras partes del pleno del Senado para su aprobación.