MADRID. Pasan los meses y el nombre de su esposo va quedando sepultado en el olvido mediático. Tintori hace lo imposible por evitarlo. En entrevista con la Agencia EFE en Madrid, aseguró que desde la semana pasada, cuando llegó a Venezuela la recomendación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela cerró y puso un letrero en el que se lee “no hay despacho”.
Para ella se trata de una muestra clara de que “Maduro viola sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela”.
En Ginebra, Tintori se reunió el viernes pasado con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien, mediante un comunicado, solicitó “a las autoridades venezolanas actuar de acuerdo a las opiniones del Grupo de Trabajo y liberar inmediatamente a los señores López y Ceballos, y a todos aquellos detenidos por ejercer su legítimo derecho a expresarse y protestar pacíficamente”.
Tintori también se refirió al reciente asesinato del diputado chavista Robert Serra.
“No queremos más sangre en las calles de Venezuela, rechazamos la forma tan violenta en que ocurrió esa muerte”, dijo Tintori.
La esposa del dirigente encarcelado desde febrero explicó que no existe en la actualidad un dialogo activo entre disidencia y Gobierno, y que la última vez que se intentó un acercamiento en abril pasado hubo un “aumento de la represión”.
La disidente venezolana habló de más de tres mil 300 detenciones, más de 50 casos de tortura y 43 muertos entre febrero y junio durante las manifestaciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.
Sobre la situación de su esposo recordó que de los ocho meses que lleva preso, cinco estuvo incomunicado y dos sin la posibilidad de recibir visitas.
López fue encarcelado el pasado 18 de febrero después de entregarse para afrontar acusaciones de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por los incidentes tras una marcha que acabó en violencia.
Tintori insistió en que su esposo “es inocente” y que el Gobierno lo ha querido presentar como “divisor y violento” como parte de una campaña de desprestigio.
Con la visita a Madrid, la venezolana cierra su gira por Europa, en la que reemplazó a su esposo en el Foro 2000 en República Checa y visitó otros países como Suiza y Francia para exponer su caso.
Además de reunirse con el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, también se entrevistó con adherentes del partido político “Podemos”, el cual ha sido relacionado de manera estrecha con el Gobierno venezolano y en junio pasado fue acusado de recibir financiación de su parte, acusaciones que la formación rechazó en un comunicado oficial.
La ONU critica la discriminación de la mujer
GINEBRA. El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reclamó a Venezuela que persisten leyes discriminatorias contra las féminas a pesar de las múltiples reformas legales llevadas a cabo en los últimos 15 años.
“A quince años de la reforma de la Constitución de 1999, persisten leyes y normas discriminatorias muy claras tanto en lo civil, lo penal y lo laboral”, afirmó durante la sesión Olinda Bareiro-Bobadilla, miembro del Comité.
Ayer comenzó en Ginebra la primera sesión de la CEDAW sobre Venezuela en el que se evaluará el cumplimiento del país sudamericano de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Bareiro dijo que podría citar “decenas” de leyes y normas discriminatorias, pero que dada la limitación de tiempo, se limitaría a citar las más acuciantes.
Entre ellas destacó “la exculpación de un violador si se casa con su víctima. Lo que permite que la violencia persista contra la mujer durante toda la vida”.
Otro de las leyes discriminatorias citadas por la experta es la que regula el supuesto delito de adulterio.
“El adulterio se trata de forma distinta si quien comete adulterio es un hombre o una mujer. Para los hombres sólo existe adulterio si la relación sexual con otra persona se realiza en múltiples ocasiones. Para una mujer, sólo se precisa una vez para que sea declarada adúltera”.
Otro de los aspectos que Bareiro destacó es el hecho de la edad mínima para poder casarse.
La experta alabó que la edad mínima se haya equiparado entre chicas y chicos -antes era 14 años para las mujeres- pero recordó que tanto para el Comité como para muchos órganos de la ONU, la edad mínima para poder casarse debería ser 18 años, y no 16 como establece la ley venezolana.
Tras las cuestiones, la delegación venezolana, liderada por la ministra del Poder Popular para la Mujer, Andreina Tarazón, intentó responder, aunque estas respuestas no convencieron a la experta, que preguntó si tenían “identificadas las normas discriminatorias”.
“Y si no tienen, por qué no lo han hecho? Han tenido 15 años. Entonces si no lo tienen, ¿cuándo van a hacer una agenda legislativa para identificarlos?”, dijo la experta.
La respuesta la dio de Carme Zuleta de Merchán, miembro del Tribunal Supremo de Justicia, quien dijo que esas “normas vetustas” en realidad no se aplican, porque aunque algunas persisten, se interpretan judicialmente de forma distinta.
Silvia Pimentel, otra de las expertas, cuestionó por qué el Gobierno “no dialoga con grupos de mujeres autónomos, no gubernamentales”, pregunta que quedó sin respuesta.
Colombia se inconforma
BOGOTÁ. La Cancillería colombiana presentó una nota de protesta formal ante el Gobierno de Venezuela por la incursión el pasado domingo de cinco agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en su territorio.
La nota se presentó a primeras horas del lunes y complementa una llamada de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, al embajador venezolano, Iván Rincón Urdaneta, para expresar su rechazo por esta situación.
En la mañana del domingo, cinco agentes de la GNB cruzaron la frontera “sin percatarse” mientras realizaban una inspección en el municipio de Ureña en Venezuela, informó Migración Colombia en un comunicado ese mismo día con base en declaraciones de los implicados.
Asimismo, los agentes dijeron a las autoridades que “la comunidad impidió que se devolvieran al territorio venezolano” y fue entonces cuando intervino la policía colombiana para llevarlos ante las autoridades migratorias.
Migración Colombia informó además que, en horas posteriores, los cinco uniformados serían puestos a disposición del Servicio Administrativo de Identificación de Migración y Extranjería SAIME de Venezuela.