Nadie, salvo sus detractores, le regatearon al nuevo gobierno el gran logro político que significó iniciar su administración con un acuerdo de largo alcance con la oposición. Fue, con mucho, el arranque más espectacular políticamente hablando que se recuerde de un gobierno, descontando por su puesto el perverso “Quinazo” de Salinas, el doloroso “error de diciembre” de Zedillo o la sangrienta y torpe campaña militar lanzada por Felipe Calderón, que también sorprendieron a los mexicanos pero con terror.

 

El presidente Enrique Peña Nieto y su equipo fueron hábiles y operaron en la total discreción, al grado de que no se enteraron ni en Los Pinos ni en el Cisen y menos entre los opositores más radicales, del llamado Pacto por México que fue negociado con las dirigencias de PRI y PAN a las que se cedieron una gran cantidad de las propuestas que hoy contiene ese documento, convertido también en agenda legislativa para las fracciones partidistas del Congreso federal.

 

Hasta ahí no se escatima el reconocimiento al gran trabajo político y de negociación realizado lo mismo por personajes del equipo peñista (Osorio, Videgaray, Murat) que por los dirigentes de la oposición (Ortega, Zambrano, Madero y Creel) que establece una guía mínima de entendimientos en temas que en la mayoría de los casos necesita el país y que fueron propuestos, tal como se presentaran en iniciativas, lo mismo por la derecha panista que por la izquierda perredista o por el gobierno central.

 

El problema comenzó cuando facciones partidistas dentro de sus partidos y del Congreso decidieron “torpedear” y “sabotear” el Pacto sin importar su contenido y más bien movidas por el resentimiento y la mezquindad. Resentidos (lo mismo los calderonistas del Senado encabezados por Ernesto Cordero que los bejaranistas del PRD) porque no fueron enterados en su momento de que se estaba negociando un acuerdo de tal calado para la vida política y económica de México, y si no se los dijeron fue porque sabían los negociadores que su actitud negativa impediría arribar a acuerdos.

 

Y mezquinos, los mismos panistas y perredistas, porque lejos de ver los posibles beneficios para el país o incluso la ganancia política de sumarse al Pacto, están pensando en el fracaso, primero de sus dirigentes partidistas, con los que están peleados, y luego del presidente en turno.

 

Hasta ahora esos grupos no han podido tirar los acuerdos del Pacto, pero han presionado y amenazado lo mismo con desconocer a sus dirigentes de partido, que con ignorar las iniciativas propuestas en la agenda que surgió del documento para impulsar su propia agenda legislativa. Los embates de estos grupos seguirán y la pregunta que muchos empiezan a hacerse es ¿cuánto tiempo resistirán las firmas estampadas en el Pacto por México?

 

Hay quienes creen que hasta julio de este año, cuando lleguen las elecciones locales, entre ellas la gubernatura de Baja California, será el momento en que las presiones subirán hacia los dirigentes de la oposición, que a su vez harán alianzas electorales en los estados que complicarán los entendimientos en el Congreso. Otros, más optimistas, creen que el “blindaje” que se autoimpusieron los negociadores del Pacto les dará la solidez para resistir los ataques electoreros. En todo caso, objetivamente, se antoja como un tiempo ideal para que el gobierno logre sacar la mayoría de iniciativas antes de que termine el primer semestre del año, es decir, junio. Si después de esa fecha, pasadas las tormentas electorales, el Pacto no se ha derrumbado, entonces podrá retomarse y buscar nuevos acuerdos o reforzar y reafirmar los ya existentes. El Pacto por México no tiene una fecha de caducidad específica, lo que sí puede agotarse es el bono democrático de Peña Nieto y la fuerza de los dirigentes opositores que lo firmaron. Por eso es la prisa.