CARACAS.- La crisis política en Venezuela va en ascenso a cinco días de la elección de la Contituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.
Por una parte, la fiscal general, Luisa Ortega, llamó ayer a los funcionarios públicos y al resto de sus compatriotas a desobedecer órdenes inconstitucionales y defender la Carta Magna vigente.
“Llamo a la conciencia ciudadana, llamo al pueblo. Pido que me acompañe a exigir justicia, a exigir respeto a esta Constitución“, afirmó en una comparecencia institucional en el Ministerio Público.
Además denunció que la Fiscalía ha recibido casi un centenar de denuncias de personas que dicen haber sido amenazadas para participar en la elección del próximo domingo.
Pese a ser hasta hace poco una férrea partidaria del chavismo, Ortega ha denunciado la ruptura del “hilo constitucional” en Venezuela y se ha convertido en una de las voces institucionales más duras contra Maduro.
Algunas de sus posiciones públicas le han valido la apertura de un proceso en su contra en el Tribunal Supremo, que le ha congelado las cuentas y le ha prohibido salir del país como medidas cautelares.
Venezuela vivirá desde el miércoles un paro general de 48 horas contra la Constituyente de Maduro, una de las últimas acciones organizadas por la oposición para forzar al Gobierno a suspender la elección de la Constituyente.
En tanto, el Tribunal dictó ayer una orden de 15 meses de prisión para el alcalde opositor Gustavo Marcano, después de que éste no acudiera a la audiencia que la corte celebró ayer sobre su caso al no reconocer la legitimidad de los jueces de esta institución judicial.
Al respecto, la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) denunció hoy que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo a otros dos magistrados que ese Poder Legislativo nombró el pasado 21 de julio como jueces del Supremo para sustituir a los que actuales a quienes considera “ilegítimos”.
“Sebin Anzoátegui (noreste) detiene a magistrados recién juramentados por la AN, Jesús Rojas Torres y Zuleima González”, informó la Cámara a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.
El pasado sábado el servicio de inteligencia venezolano también detuvo al magistrado Ángel Zerpa, apenas un día después de haber sido nombrado por el Parlamento, por lo que ya son tres los jueces detenidos luego de juramentarse como magistrados ante el Poder Legislativo.
El presidente de la AN, el opositor Julio Borges, pidió ese día a la comunidad internacional estar “alerta ante la persecución de la dictadura” del presidente, Nicolás Maduro, contra los recién nombrados magistrados.
Por lo pronto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien considera que el Gobierno venezolano ha cometido “crímenes de lesa humanidad”, nombró ayer como asesor a un abogado que abrirá un debate sobre el tema en el organismo para dilucidar si se puede llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Miles buscan ir Colombia
Mientras la oposición organiza un paro de 48 horas y el Gobierno sigue con sus preparativos para la Constituyente, miles de venezolanos saturan la frontera con Colombia, en San Antonio del Táchira, para sellar su pasaporte y cruzar, reportaron medios locales.
Las personas se agrupan en inmensas filas que se asemejan a las que se formaron hace un año (13 agosto de 2016), cuando se reabrió el paso por la frontera que había sido cerrada por decreto de Nicolás Maduro.
Dirigentes de oposición publicaron en sus redes sociales imágenes de personas intentando cruzar hacia Colombia para, afirman, abastecerse de alimentos en el país vecino con miras a las protestas que ya se avecinan.
Autoridades de Colombia reportaron que 560 mil ciudadanos venezolanos han solicitado una Tarjeta de Movilidad Fronteriza que facilitará su ingreso a zonas limítrofes.
caem