Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva en definitiva si se debe destituir o no al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Lo anterior luego de que este presentara ante el máximo tribunal del país una controversia constitucional en contra del proceso de destitución que inició en su contra el Congreso de Morelos.

 

Este martes diversos diputados intentaron destituir al presidente municipal de Cuernavaca mediante un proceso fast track. Primero resolvieron durante la madrugada de ayer que era procedente el proceso de revocación de mandato.

 

Por la mañana, le notificaron que debía presentarse ante el pleno del Congreso en punto de las 15:30 horas. Ahí los diputados le darían la oportunidad de presentar pruebas y desahogarlas con una posibilidad de 30 preguntas con el mismo número de réplicas.

 

Sin embargo, Cuauhtémoc no llegó y de inmediato la Comisión de Gobernación del Congreso de Morelos se reunió para dar fe de que no había llegado a la audiencia y se disponían a emitir un dictamen que subirían al pleno para votar y destituir en ese instante a Cuauhtémoc Blanco.

 

Pero un comunicado emitido desde el ayuntamiento de Cuernavaca cambió las cosas. En él se aseguraba que no lo podían destituir por órdenes de la Suprema Corte, pues esta le había concedido una suspensión para continuar en su cargo.

 

De inmediato los diputados de la comisión de gobernación salieron a desmentir el comunicado, señalando que ellos no habían sido notificados por el máximo tribunal del país y continuarían con el proceso.

 

Pero minutos más tarde fue la SCJN quién informó que la controversia había sido aceptada por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien como primera medida, concedió una suspensión al ayuntamiento de Cuernavaca, para el efecto de que el Congreso de Morelos se abstenga de ejecutar la resolución que se llegue a emitir respecto a la revocación de mandato de Cuauhtémoc Blanco.

 

El Cuau celebra

 

Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca celebró que la Suprema Corte otorgó la suspensión al procedimiento de revocación de mandato que promovió diputados y regidores locales en su contra. “Que nadie, bajo pretexto o interés político, interfiera en nuestra vida democrática”, dijo.