BRASILIA. La Corte Suprema de Brasil autorizó que la Policía Federal interrogue al Presidente Michel Temer, sobre las sospechas de corrupción que pesan en su contra y que han llevado a varios sectores de la política a exigir su renuncia.

 

 

En un fallo emitido ayer, el magistrado Edson Fachin, responsable en la Corte Suprema por la investigación del caso de corrupción en la estatal Petrobras, avaló el interrogatorio a Temer.

 

 

El trámite será realizado en el marco de una investigación que tiene a Temer como sospechoso de haber incurrido en los delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, algo que el mandatario ha negado.

 

 

Temer no será obligado a presentarse en la policía ni tampoco a recibirla, sino que el interrogatorio podrá ser enviado por escrito y respondido de la misma forma por el presidente, quien en ese caso debería hacerlo en un plazo de 24 horas.

 

 

El tribunal no fijó una fecha para ese interrogatorio, que estará centrado sobre todo en los audios entregados al tribunal por Joesley Batista, dueño de la empresa JBS, en los que involucra a Temer en asuntos de corrupción.

 

 

Batista y otros directivos de JBS, investigados en el marco de la trama corrupta que operó en la estatal Petrobras, también confesaron que sobornan al actual presidente desde 2010 a cambio de “favores” realizados desde el poder, y que en los últimos años financiaron en forma ilegal la actividad de mil 829 políticos de 28 partidos.

 

 

Temer ha dicho una y otra vez que no dimitirá y que probará su inocencia.

 

 

Eso mismo dio a entender ayer en un evento celebrado en Sao Paulo, en el que afirmó ante empresarios de 42 países que no “tiene miedo a nada” y que seguirá en su cargo hasta el 1 de enero de 2019, cuando deberá asumir el ganador de las elecciones previstas para octubre de 2018.

 

 

El presidente, sin embargo, no hizo alusiones directas ni a sus problemas con el Supremo ni a un juicio que será retomado la semana próxima en la justicia electoral, que también podría costarle el cargo.

 

 

En ese proceso se investiga si la campaña para las elecciones de 2014, en la que fue compañero de fórmula de Rousseff como candidato a vicepresidente, fue financiada con dinero producto de actividades corruptas.