Los escándalos no cambian la costumbre.

 

Una práctica iniciada con Vicente Fox.

 

Por ello los diputados federales tienen libertad para negociar obras, asignar partidas, favorecer a amigos, corromper autoridades, hacer campañas con dinero público y, al final de cuentas, beneficiarse con el reparto del presupuesto.

 

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El proyecto del gasto del gobierno federal, actualmente bajo análisis de la Cámara de Diputados, mantiene estos riesgos sin importar si en el pasado este ejercicio generó corrupción y, como es del dominio público, cobro de comisiones desde el Poder Legislativo.

 

En términos generales cada diputado federal está en posibilidad de manejar una bolsa a su antojo, lo cual supone negociar con autoridades estatales o municipales de su distrito y por esa vía beneficiar su jurisdicción y beneficiarse a sí mismo.

 

A los hechos:

 

Si cada diputado puede asignar 20 millones de pesos, su influencia regional aumentará y, cuando venga la reelección, presumir esos beneficios sociales para ganar nuevamente el voto.

 

Sin embargo, el riesgo es si cobra comisión a alcaldes -el eslabón gubernativo más débil de la cadena nacional- y de esa manera pervierte el buen uso del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.

 

Como bien pregunta el ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde:

 

-Si cobran, de manera moderada, 10% de comisión, estaríamos hablando de dos millones de pesos para cada diputado. No está mal, ¿verdad?

 

GASTO PERVERTIDO DESDE 2005 CON FOX

 

¿Cuándo comenzó a pervertirse el gasto público?

 

Un estudio elaborado con el patrocinio del Senado de la República, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social e Integralia, empresa de Luis Carlos Ugalde, ubica este fenómeno desde 2005.

 

Ese año, dice el documento “La negociación política del presupuesto en México 1997-2012”, modificó el proyecto de presupuesto de Vicente Fox y éste llevó el conflicto y 64 observaciones al Poder Judicial.

 

Agrega el estudio:

 

“Aunque la Suprema Corte de Justicia no entró al fondo de las facultades del Congreso para ‘etiquetar’ proyectos del presupuesto, la definición de que el Ejecutivo sí puede vetar el presupuesto constituye un punto central de la relación entre ambos poderes.

 

“El veto se volvió una amenaza creíble y sentó un precedente para futuras negociaciones del presupuesto”.

 

La Corte no decidió el fondo y así nació la negociación para la distribución presupuestaria en 2005.

 

Los “arreglos” tomaron carta de naturalización y han seguido, como lo demuestran mil y un casos documentados por los medios de comunicación año con año y a los cuales no escapan legisladores de ningún partido.

 

Y por lo visto, no escaparán al menos en 2015.

 

AMPARO SOCIAL A 6 DE CADA 10 DEFEÑOS

 

1.- A propósito del presupuesto, cada gobernante sabe cómo lo distribuye.

 

En su Segundo Informe, el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, dio un dato relevante: seis de cada 10 capitalinos están incorporados a algún programa asistencial.

 

 

La numeralia del Informe de Mancera dice: cerca de 70% del gasto de inversión de la autoridad urbana va al desarrollo social, “la cifra más alta de todo el país”.

 

2.- Un segundo vistazo a los daños causados por Odile cambió las perspectivas.

 

-Los daños no fueron estructurales. Se dañaron metales, palapas, terrazas, pérgolas y otras cosas. Los peores estragos fueron para la CFE, ya atendidos por más de 700 trabajadores -narró el director de Fonatur, Héctor Gómez Barraza, mientras volaba con la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, para supervisar la reconstrucción de Los Cabos.

 

3.- El gobierno federal siente bajo control la situación sudcaliforniana y por ello siete secretarios fueron enviados a evaluar los avances en Guerrero, bajo la mirada de Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño.

 

Y 4.- El encargado de la Conade, Carlos Acra, toma decisiones y nombró al periodista Emilio Trinidad como responsable de comunicación social.