Un rumor recorre a las oficinas gubernamentales:

 

-Viene un nuevo recorte al gasto público.

 

Esto significaría ajustes mayores a los previstos, ya de por sí graves, pues a varias dependencias les redujeron sus presupuestos hasta en 40% en relación a 2016.

 

Y 2016 fue un año muy malo -muy distinto a la bonanza petrolera de Vicente Fox y Felipe Calderón, con el barril arriba de los 130 dólares-, pues entonces también se les sacrificó.

 

Las reducciones variaron, de acuerdo a la Secretaría de Estado, paraestatal, empresa productiva u organismo descentralizado.

 

En términos generales, se nos dijo en 2016, el deterioro del gasto sería de 70 mil millones de pesos distribuidos en instituciones de todo tipo.

 

Se buscará no afectar el gasto de inversión y afectar lo menos posible a los servidores federales, nos dijo el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.

 

Pero sí hubo supresión de plazas.

 

PRESIÓN EMPRESARIAL Y CESIÓN DEL GOBIERNO

 

Luego vino 2017.

 

Hubo un antecedente:

 

Desde el proyecto del presupuesto de egresos se planteó una reducción -de 239 mil millones de pesos, se nos informó entonces- y se impactaron distintos rubros.

 

Parte importante de la salvedad la dieron dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), donde su titular, Gerardo Ruiz Esparza, buscó alternativas para mantener la construcción de obras públicas.

 

 

Una de ellas es la cacareada asociación de capital público y privado -las famosas APP-, de las cuales hubo anuncios relevantes la semana anterior para ejecutarse en el resto del sexenio y allende la administración.

 

Ahora el tema son los nuevos recortes.

 

En las secretarías de Estado se habla de, por lo menos, 50 mil millones de pesos adicionales, lo cual agravaría más el ejercicio 2017 y anuncia restricciones mayúsculas para el fin de sexenio, en 2018.

 

¿Y por qué 50 mil millones de pesos?

 

El secretario José Antonio Meade y sus asesores tendrán mayores datos, pero a muchos funcionarios les intriga un antecedente: precisamente esa cifra fue propuesta por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial(CCE), Juan Pablo Castañón.

 

No es por poner a temblar a secretarios de Estado y directores generales, pero es una cifra probable y se anunciaría entre abril y mayo próximos.

 

LA BURLA A LOS MEXICANOS DEL INE Y DEL TRIFE

 

1. El sacrificio presupuestario es para unos cuantos.

 

Aunque algunos organismos como el Instituto Nacional Electoral (el INE de Lorenzo Córdova) quieran hacerse eco del reclamo social, ahí está el siempre reacio Poder Judicial.

 

Porque ahí está precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (el Trife de Janine Madeline Otálora Malassis) para evitar ahorros.

 

Todo porque el consejero Benito Nacif Hernández no quiere parecer mortal como el resto de los mexicanos y se niega a servir a la nación con 10% de su salario.

 

2. Elba Esther Gordillo espera, hasta ahora sin éxito, su prisión domiciliaria, mientras sus organismos avanzan con entera libertad.

 

Así sucedió con la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp), donde renovó dirigente: salió el tamaulipeco Noé Rodríguez y llegó Casimiro Alemán.

 

Ambos maestros, ambos alumnos de la Maestra.