El gobierno ha tendido un nuevo puente con la oposición.
Puede entenderse como el costo inicial de, por fin, sacar una Ley de Seguridad Interior para reglamentar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de vigilancia.
O un paso para regresar la responsabilidad de vigilancia a estados y municipios en aras de rescatar el prestigio de soldados y marinos.
A los datos:
Las propuestas opositoras, en especial del PRD, exigen el inmediato retiro del Ejército y la Marina en calles de ciudades y pueblos.
Quieren su acuartelamiento ya, posición en la cual coinciden los secretarios Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, quienes han elevado paulatinamente el reclamo de la nueva ley.
-Pero no es posible -ha contestado el gobierno a los dirigentes de la oposición-; estados y municipios no tienen policías capacitados.
Alrededor de 400 mil agentes de distintas corporaciones con el incumplido propósito de proteger a la población, y por el contrario, son socios de la delincuencia.
Desvíos y burocracias sin seguridad
Contra los propósitos públicos, las negociaciones no avanzaban.
La oposición, dedicada a capitalizar los errores del gobierno de Enrique Peña, no quería ceder en varias de sus exigencias, como ésa de acuartelar a las milicias cuanto antes.
Equivaldría a soltar los lobos.
Ante la disyuntiva, la federación decidió obligar a estados y municipios, y por eso el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabeza las negociaciones.
Al anuncio hecho ante los senadores priistas de Emilio Gamboa Patrón, seguirán otros pasos con el objetivo de formar por fin policías capacitadas para poder retirar a las Fuerzas Armadas de la seguridad pública.
Los perdedores pueden ser las autoridades locales.
Por ejemplo: ¿cómo van a justificar haber recibido cientos de miles de millones en años pasados para construir instalaciones, comprar armamento, formar y equipar policías?
Un mundo de dinero mal empleado.
Para dar una idea: en un solo programa, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el año pasado se canalizaron siete mil millones de pesos.
¿Pero qué ha pasado?
Los gobiernos los dedicaron a gasto corriente, a comprar vehículos para funcionarios, a aumentar la nómina o para obras públicas, mas no para formar y equipar policías.
Nuevo paradigma financiero rural
Al comenzar el sexenio, Luis Videgaray quiso cambiar el esquema de apoyo crediticio gubernamental al campo.
Encomendó su diseño a Juan Carlos Cortés, ex presidente del Consejo Nacional Agropecuario y así surgió la Financiera Nacional de Desarrollo.
-Ahora dirígela –le pidió.
Acordaron dos años, al cabo de los cuales le dijo:
-No te vayas todavía. Quédate al menos medio año más.
Así se prolongó la dirección de Cortés, quien el martes entregó el cargo a Mario Cortés, otro afín a la dupla Luis Videgaray-José Antonio Meade.
Hoy, el campo es puntero en la economía nacional, y en algo habrá influido incrementar de 35 a 63 mil millones de pesos los créditos a través de esa financiera ideada y reestructurada por el empresario poblano.