Once días antes de la decisión, anunciamos aquí:

 

Regresarán los subsidios a las gasolinas en febrero.

 

Algunos se rieron con nuestro avance informativo.

 

El gobierno decidió darle otro nombre a esta medida e invocar varios factores –caída en el precio internacional del crudo, ligera recuperación del peso-, pero lo hizo.

 

Utilizó otros argumentos porque políticamente no es correcto volver a los subsidios, sobre todo cuando fue la razón invocada para el severo ajuste a las gasolinas y el diésel en enero.

 

-De esa manera se ahorrarán 200 mil millones de pesos anuales -nos dice la publicidad oficial.

 

Pero la suspensión de las alzas, acordada el 3 de febrero pasado y aplicada un día después, no será gratuita y, ojo, afectará las finanzas públicas.

 

El equipo de José Antonio Meade en Hacienda hace cálculos, porque habrá muchos elementos imprevisibles a considerar.

 

Sobre todo si persiste la baja en hidrocarburos y si al final Donald Trump no es anticristo para la economía mexicana.

 

Decisión política de 80 mil millones

 

El punto de partida es una pregunta:

 

-¿Cuánto costará mantener los precios actuales de la gasolina?

 

Grosso modo, entre 60 y 80 mil millones de pesos.

 

Como dijimos aquí el martes 24 de enero, no se compara con los 200 mil millones, pero desbarata el discurso de la economía real y el no desvío de recursos del erario para financiar a automovilistas.

 

Falta ver los comportamientos futuros del mercado petrolero, las oscilaciones del tipo de cambio, los efectos de la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá…

 

Muchos factores.

 

El asunto es:

 

¿Qué hará el gobierno?

 

Cambió de discurso, cedió a presiones, y regresar a los gasolinazos significaría reactivar protestas y perder puntos recuperados en la calificación del presidente Enrique Peña al invocar la soberanía nacional ante Donald Trump.

 

Menuda tarea para el equipo económico del gobierno.

 

Una obra petrolera, bajo sospecha

 

1. Al Senado ha llegado un conflicto.

 

Afectados por Erick Legorreta, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (Amipe), lo acusan de usar esa agrupación en su beneficio y no representar a contratistas.

 

En Tabasco, dicen las quejas, ha incumplido pagos por 258 millones de pesos a Construcciones Tapia y afectado a cientos de trabajadores.

 

Parte de los adeudos es por la obra Batería Cárdenas Norte, con valor superior a los 600 millones y asignada de manera directa a su firma Conjunto de Servicios Industriales (CSI).

 

El tema va a las comisiones de Energía y de Trabajo, presididas por el panista Salvador Vega Casillas y el priista Miguel Ángel Chico.

 

Lo primero a investigar es la relación de Legorreta con altos funcionarios de Pemex, seguramente a espaldas de José Antonio González Anaya.

 

2. En los preparativos para promulgar la Constitución de la Ciudad de México hubo un actor de tiempo completo: Luis Serna.

 

El secretario particular de Miguel Mancera asumió de nuevo todas sus funciones tras la operación de hace siete semanas y hoy, día de su cumpleaños, estará mañana, tarde y gran parte de la noche.