El enfoque puede ser múltiple.

 

Tres variables:

 

La Federación ha asumido el control del pago a los trabajadores del aula y de repente se ha encontrado con economías inesperadas.

 

La concentración de la nómina magisterial ha permitido el ahorro de al menos 13 mil millones de pesos.

 

O los estados han dejado de recibir ese dinero para pagar a su burocracia educativa y repartir favores de acuerdo con el interés político del gobernador en turno.

 

Es decir, han dejado de manipular el dinero del erario en beneficio suyo y de su magisterio.

 

Por donde se analice, el dato es simple:

 

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La Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo del mexiquense Emilio Chuayffet Chemor, ha recuperado el manejo del salario de la mayoría de los maestros y de esa manera los estados han dejado de ser los que reparten favores y privilegios.

 

Uno pensaría, en primera instancia, en lugares como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha sentado reales.

 

Pero el fenómeno de mal manejo se da en otros lugares donde, se supone, hay buena educación e inclusive respeto tanto a los derechos de los educadores como en estados con cierto orden administrativo.

 

PAROS CONTRA LA REFORMA EDUCATIVA

 

He aquí un dato:

 

Nadie sabía de algún movimiento magisterial en Baja California, donde en 2007 Elba Esther Gordillo garantizó –y cumplió– la victoria del panista José Guadalupe Osuna Millán.

 

Todo, digamos, iba bajo control.

 

Pero sorpresivamente hace meses aparecieron en ese estado dirigentes desconocidos y de repente la sección correspondiente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) empezó paros locos.

 

Para la SEP no fue sorpresa:

 

Ese movimiento parista reivindicaba exigencias del gobernador Francisco Kiko Vega tanto en términos económicos como políticos.

 

Es decir, era apéndice del gobierno panista de Baja California y de su gobernador Kiko de la Vega.

 

Ya se arregló el problema, pero esas suspensiones de clase pueden sintetizarse en un dato simple: hay muchos gobernadores en contra de la reforma educativa en los términos aprobados por el Congreso de la Unión.

 

Malas noticias para ese gobernador y otros compañeros suyos opositores: vienen nuevas acciones y tal vez más radicales a fin de asegurar el éxito.

 

Porque aunque se hable de otras reformas como la hacendaria, la energética o la de telecomunicaciones, la más importante es la educativa y hay la decisión política del gobierno de Enrique Peña Nieto de avanzarla.

 

Aunque los resultados puedan registrarse en otros sexenios, tal vez el próximo o el siguiente.

 

CONFIRMAN PRISIÓN A EDIL PERREDISTA

 

Un dato ha pasado desapercibido noticiosamente: la justicia ha ratificado el auto de formal prisión al perredista Ricardo Gallardo Cardona por nexos con el crimen organizado.

 

Gallardo Cardona era alcalde de Soledad, el principal municipio conurbado de San Luis Potosí, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

 

Fue el dirigente Carlos Navarrete quien comenzó la purga de presumibles delincuentes y señaló a Gallardo Cardona en diciembre pasado, pero luego la Procuraduría General de la República (PGR) lo detuvo y encarceló en enero.

 

Sus abogados impugnaron el auto de formal prisión, pero un tribunal ha actuado con pleno derecho y no saldrá libre en fecha próxima.

 

Luego deberá contestar por el desvío de cientos de millones de pesos de origen federal y estatal.

 

Lo extraño es cuanto sucede simultáneamente:

 

Su papá Ricardo Gallardo Juárez es candidato a alcalde de San Luis Potosí por el mismo PRD y, ¿qué cree usted?, está en la competencia y puede ser presidente municipal de la capital potosina.

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