Qué enredada se ha vuelto la investigación sobre la mala construcción de la Línea 12 del Metro.

 

Nadie logra descifrar el fraude o documentar las fallas.

 

Acaso el último esfuerzo sea el careo programado para el lunes próximo bajo auspicio de la ALDF de los constructores con especialistas y técnicos de instituciones tan acreditadas como la UNAM y el IPN.

 

La esperanza está en la comisión presidida por Jorge Gaviño, diputado defeño del Panal, quien intenta trascender con un peritaje profesional.

 

No pueden tenerse las mismas esperanzas de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.

 

Allá convocarán a los contratistas, pero el plan de trabajo es muy menor frente al elaborado por Gaviño.

 

Algo debe surgir cuando aparezcan sentados, frente a frente, los contratistas ante los funcionarios del GDF como el secretario de Obras, Alfredo Hernández, el especialista en construcciones subterráneas y túneles Guillermo Guerrero y el director de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo, Martín Esquivel.

 

-El debate será a morir -promete Gaviño.

 

TODO ESTÁ EN MANOS DE LA CONTRALORÍA DEL GDF

 

La comisión investigadora de la ALDF está impresionada.

 

La Secretaría de la Función Púbica está lejos de documentar desvíos, malas aplicaciones o daños patrimoniales, pese a lo cual reclama casi 500 millones de pesos.

 

Este dinero, les explicó Julián Olivas, político en funciones de secretario en tanto la Función Pública hereda sus funciones a la Comisión Nacional Anticorrupción, corresponde sólo a 2011.

 

Mientras tanto, se desconoce cuál destino tuvieron los recursos federales otorgados para la Línea 12 de 2008 a 2010.

 

Olivas no informó por qué no se auscultan los casi nueve mil millones otorgados por la federación para la principal obra de Marcelo Ebrard quien, dicho sea de paso, no debe temer porque no hay elementos para involucrarlo en desvíos o malos manejos.

 

Como ni el gobierno federal ni la Función Pública piensan ir más lejos del reclamo de los 489 millones de pesos del 2011 -los cuales podrían ser perdonados a la administración de Miguel Mancera-, el tema administrativo ha pasado a la Contraloría del GDF y ahí se determinará todo en doble vía:

 

1.-Si se fincan responsabilidades administrativas, lo cual terminaría en inhabilitaciones y acaso en alguna sanción económica.

 

O 2.- si a partir de los resultados se decide promover alguna acción penal contra alguien.

 

En la Contraloría hay una gran duda: ¿por qué Joel Ortega no aclaró desde el origen de su administración si el mantenimiento de la Línea 12 era responsabilidad de las empresas constructoras o del Metro?

 

Ahí sí puede haber responsabilidad jurídico-administrativa, para regocijo de Ebrard–

 

A TELECOMUNICACIONES LE FALTAN NEGOCIACIONES

 

1.- Ayer en el gobierno federal había fiesta.

 

Logró desactivar la oposición a ultranza de la izquierda a la ley reglamentaria de telecomunicaciones, como anunciaron el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el coordinador del PRI en el Senado de la Republica, Emilio Gamboa.

 

Pero la negociación sigue y todavía puede haber sorpresas.

 

El Congreso de la Unión tiene un problema mayor: el PAN insiste en sacar primero las secundarias de la reforma electoral y sin ellas no irá con ninguna otra reforma.

 

Con esta condición, a comenzar de nuevo.

 

Y 2.- qué elogioso se vio el dirigente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, con el gobernador mexiquense Eruviel Ávila cuando le elogió los avances en seguridad, educación y apoyos a la economía.

 

“El Estado de México tiene condiciones inigualables que otros estados no tienen. Aquí percibo un gobierno sencillo, abierto, moderno, consciente de que debemos trabajar juntos sociedad y gobierno”, expresó.

 

Si el empresarial es el sector más sensible a la inseguridad, valen los comentarios.