Taxistas Organizados de la Ciudad de México acusaron que a partir de que interpusieron recursos legales en contra de la operación de Uber y Cabify, las autoridades capitalinas, a través del Instituto de Verificación Administrativa, han hecho operativos para llevar a sus vehículos al corralón.

 

En conferencia de prensa, los trabajadores del volante señalaron que por los operativos, tienen que pagar 16 mil pesos para que se les entregue el taxi. El más reciente ocurrió el 19 de noviembre, cuando elementos del Instituto de Verificación Administrativa aseguró, injustificadamente, cuatro taxis de  Mariano Escobedo y Presidente Mazarik.

 

El viernes 20 fueron en contra de la base ubicada en Avenida Universidad entre las calles de Real de Mayorazgo y Mayorazgo de Orduña, donde aseguraron tres unidades.

 

Dudan de app para que compitan con Uber

 

Sobre el reciente anuncio de Héctor Serrano, respecto a que en enero de 2016 operará una app exclusiva para los taxistas, con el objetivo de que puedan competir con Uber y Cabify, Daniel Medina, vocero de la organización, informó que la aplicación, posiblemente, será subsidiada por dichas empresas.

 

En ese sentido, aseveró que la aplicación que les promete la Semovi no tendrá los alcances tecnológicos que tienen las empresas y, por lo tanto, no habrá piso parejo en la operación.

 

Sobre los recursos legales interpuestos desde el año pasado, detalló que el juicio de nulidad aún está en estudio, mientras el de amparo fue radicado a la ciudad de Zacatecas donde podrían tener más posibilidades de que resuelvan a su favor.

 

“No daremos cabida a las declaraciones de Héctor Serrano porque no abona en nada para resolver el problema de la ilegalidad con que operan estas empresas. Nosotros hemos actuado apegados a derecho y nos sorprende la represión que el Secretario de Movilidad está ejerciendo en nuestra contra, por la sencilla razón de exigir que se cumpla la ley”, expresó.

 

Declaró que el problema de fondo nunca han sido las aplicaciones, sino la ilegalidad con la que operan y el incumplimiento de los compromisos que asumió la administración con los taxistas.