Alcaldes, regidores y líderes de organizaciones sociales de al menos 11 municipios de la región de Tierra Caliente, fueron estafados con un supuesto programa de vivienda que promovía el diputado federal de extracción priista, Salvador Ortiz García, quien junto con su asesor Iván Domínguez Domínguez lograron recaudar más de seis millones de pesos en “mochadas”, acusó René Valencia Reyes, suplente del propio diputado.

 

Los recursos, insisten los quejosos, provienen de las aportaciones que realizaron más de tres mil familias de escasos recursos de los municipios de Tepalcatepec, Turicato, Carácuaro, Apatzingán, Parácuaro, Buenavista, Aguililla, Coalcomán, Aquila, Chinicuila y Coahuayana quienes cumplieron con los supuestos ordenamientos del programa federal de mejoramiento para la vivienda rural del fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).

 

Al respecto, el legislador federal ha negado desde diciembre pasado el fraude e incluso aduce que existe un atraso burocrático en la institución para liberar la gestión de los recursos y acciones de vivienda.

 

Sin embargo, las aportaciones de los afectados, proceso en el que se implicó a funcionarios municipales de diversos partidos políticos, fueron a parar a las cuentas bancarias personales del legislador michoacano y su asesor en la Cámara de Diputados, según consta en fichas de depósito obtenidas por Provincia.

 

Los inconformes, encabezados por René Valencia Reyes, quien además es el diputado suplente de Ortiz García, incluso acusaron al mandatario estatal Fausto Vallejo Figueroa de mantenerse al margen del problema y no “atorarle para resolver tan lamentable hecho que lesiona la economía de los que menos tienen”.

 

En entrevista, los quejosos mostraron una serie de documentos en los que se detalla el ir y venir ante instancias federales, estatales y hasta partidistas por destrabar el asunto y recuperar el dinero.

 

Incluso, Ángel Islava Tamayo, director general del Fonhapo, explican los quejosos, “detalla en un documento sellado, que dentro del Programa Anual de Trabajo (PAT) la gestión del diputado no existe”.

 

Regidores de los 11 municipios, quienes además eran acompañados por los alcaldes de Chinicuila, Justo Humberto Virgen Cerrillos y de Turicato, Salvador Becerra Medrano (respectivamente), explicaron el mecanismo que se utilizó para fraguar el engaño.

 

El diputado federal priista por el Distrito XII de Apatzingán, Salvador Ortiz García, convocó a funcionarios municipales a una sesión de trabajo en la que informó sobre diversas acciones y gestiones que estaría realizando en favor de la gente de escasos recursos de varios municipios.

 

Ahí, -señaló el regidor de Carácuaro, Alex Tentory- se pidió que se aterrizara el esquema, se empadronara a los interesados y se armaran las “cuis”, es decir los expedientes entre cuyos requisitos enumeró “comprobante de domicilio, CURP y credencial de elector del interesado, una carta del Ayuntamiento respectivo en el que se notificará que el predio donde se construiría la acción del Fonhapo era propia y la aportación de dos mil pesos, para lo cual se entregó un recibo con los sellos de la Casa de Gestión del diputado, los logotipos del Poder Legislativo Federal y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

 

Según Rene Valencia Reyes, ediles, concejales municipales y líderes sociales recopilaron los expedientes, otorgaron recibos y luego entregaron el recurso al diputado, quien incluso pidió a algunos “promotores” depositar el dinero recaudado a cuentas particulares de Banamex y Banca Mercantil del Norte (Banorte) cuyo monto en global oscila el orden de los 730 mil pesos.

 

El legislador suplente añade: “Todos creímos en el diputado federal, pero ante el engaño hacia la población tuve que renunciar al partido, no para zafarme, sino por principios éticos y morales”.

 

Confirmó que él enlisto a centenares de familias en Tepalcatepec y les ayudo a integrar sus expedientes y “por ello es que estoy dando esta lucha, para recuperar el dinero y reintegrarlo a esas familias, que por cierto son de las más pobres”.

 

Valencia Reyes exhortó al jefe del ejecutivo estatal, al coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados Federales y al presidente del país, Enrique Peña Nieto, a demostrar que en México “no hay impunidad”.

 

Asimismo, los quejosos explicaron durante una rueda de prensa desarrollada en la capital michoacana que tras descubrir la estafa, integraron un grupo que no sólo busca recuperar los fondos de las familias afectadas, sino limpiar la imagen de los servidores públicos inmiscuidos y de paso promover realmente acciones de apoyo de vivienda para las familias.

 

En este sentido, señalaron que Fonhapo les aprobó a través de la organización Consúltame AC, 500 acciones de vivienda que serán distribuidas en diversas localidades que estén dentro de la norma.

 

Priista se deslinda

 

El diputado federal priista, Salvador Ortiz García se deslindó de la estafa que le imputan.

 

Durante una entrevista que le realizó Provincia y que se publicó el primero de diciembre de 2013, el legislador comentó que el 25 de abril de ese año inicio el proceso ante la Fonhapo, pero que el programa se atrasó porque se priorizó la atención a las comunidades afectadas por las tormentas y aseguró que el 9 de diciembre se empezarían a entregar los apoyos.

 

Sin embargo, cabe destacar que conforme al Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural, para el ejercicio Fiscal 2013 se liberó el jueves 28 de febrero, mientras que él ya había arrancado el proceso de cobro de expedientes desde el día 25 de ese mismo mes.

 

Esta norma dentro de los transitorios establece que: “las OSC que participen en el Programa serán excluidas en caso de incurrir en actos de corrupción (desvío de recursos o cobro de cuotas, en dinero o en especie por gestionar recursos a los beneficiarios). En tal caso, la instancia Ejecutiva deberá de cancelar el convenio suscrito con dicha instancia, así como excluirla de futuras ejecuciones del Programa”.

 

DATO:

 

 

Más de 3 mil familias fueron estafadas en los municipios de:

 

Tepalcatepec, Turicato, Carácuaro, Apatzingán, Parácuaro, Buenavista, Aguililla, Coalcomán, Aquila, Chinicuila y Coahuayana.