La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ordenó suspender los pagos del terreno Las Isabelas, en el municipio de Arriaga, Chiapas, donde se construyeron viviendas para damnificados del huracán Bárbara, al conocer la existencia de una auditoría al contrato, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

 

El director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña Flores, afirmó, en una entrevista con 24 HORAS, que la actual administración, encabezada por Rosario Robles, es ajena a la suscripción del contrato, celebrado hace poco más de dos años y, al tratarse de un documento sujeto de investigación, se ordenó, en abril pasado, la retención de pagos.

 

Dicho documento, al que 24 HORAS tuvo acceso, fue celebrado por Sergio Lobato García, ex delegado estatal en Chiapas; Alejandro Antonio Bermúdez Gutiérrez, entonces subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda en Chiapas; así como por el propietario de Las Isabelas, Raúl de Jesús Bonifaz Ruiz, en marzo de 2015.

 

24 HORAS informó, en su edición del viernes pasado, que la ASF detectó un sobreprecio de 2.9 millones de pesos en el terreno Las Isabelas, es decir, 2,700% más.

 

En ese contexto, el funcionario afirmó que en cuanto la ASF dio aviso sobre la auditoría 383 “Construcción de viviendas en la pesquería La Gloria, municipio de Arriaga, en el estado de Chiapas”, la administración de Robles Berlanga ordenó la detención de pagos derivados del convenio, por lo que, aseguró, no se ha dado un solo peso por la compra del terreno, donde se edificaron 38 casas.

 

“Cuando nos llega esta auditoría 383, que habla de la construcción de viviendas en Pesquería La Gloria, en el municipio de Arriaga, observamos que debe de existir algo que está siendo estudiado, y de manera inmediata enviamos un correo solicitando al fideicomiso detengan los pagos. Nosotros no hemos liquidado ese predio; no está pagado. Hemos pagado cero pesos por la compra de ese terreno”, aseguró tras señalar que pese al no pago del terreno, se procedió con la construcción de viviendas al tratarse “de una necesidad social”.

 

Cuestionado en relación a las observaciones por presuntas deficiencias y trabajos de mala calidad en la construcción de las viviendas, negó que se hayan incumplido las normas de calidad, y agregó que si algunas se encuentran deshabitadas, se debe al nivel de movilidad de la zona.

 

“Las viviendas estaban en condiciones para ser habitadas así se entregaron (…). Todas las viviendas cuentan, obviamente, con una fianza de vicios ocultos. Si presentara alguna afectación, cualquier deterioro, sí estamos en posibilidades de decirle a la empresa que haga la reparación de cualquier observación que tenga la vivienda. Pero están construidas de acuerdo a los lineamientos. Fue poco el dinero, pero se alcanzó a construir como debe”.

 

Y Contraloría abre pesquisa por convenio de pago

Por órdenes de la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) abrió una investigación en contra de los funcionarios involucrados en la edificación de 38 casas en Arriaga, Chiapas, para damnificados del huracán Bárbara, cuyo terreno fue comprado a un sobreprecio de 2,700%.

 

Las indagatorias van desde quiénes autorizaron la compra del terreno a sobreprecio, hasta quiénes recibieron la obra y dieron el visto bueno sin que estuviera terminada.

 

La ASF ordenó a la Sedatu “realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión (la anterior a la de Rosario Robles) formalizaron un convenio de pago anticipado de tierras, celebrando el 30 de marzo de 2015, autorizando el pago del terreno denominado Las Isabeles, con un sobreprecio de 2.9 millones de pesos“.

 

En un informe, la Auditoría señala que como parte de la fiscalización revisó diversos documentos de Banobras y de la Sedatu relacionados con la adquisición del terreno; sin embargo, a mayo de 2017, la “ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no da respuesta, ni atiende lo observado”.

 

La Sedatu tiene hasta diciembre para solventar las observaciones de la ASF respecto a la adquisición del terreno Las Isabeles, donde se construyeron 38 viviendas para damnificados del huracán Bárbara.

 

caem