Desde el 2 de enero, a la fecha, se han registrado actos vandálicos contra tiendas de autoservicios y pequeños comercios en el contexto de las protestas en contra del gasolinazo; en la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Nuevo León, entre otras entidades, se han detenido a cerca de 1,864 presuntos responsables.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que de los actos vandálicos ocurridos entre el 2 y el 6 de enero, se determinó que hubo 178 personas que estuvieron relacionadas con los hechos, de los cuales 83 fueron vinculadas a proceso por un Juez de Control quien impuso a 42 prisión preventiva oficiosa y a 41 la presentación periódica a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares.
La Procuraduría capitalina indicó que cuatro personas fueron liberadas por el juzgador, cinco por el agente del Ministerio Público y está pendiente de resolverse la situación jurídica de 26 implicados. Asimismo, 50 son menores de edad. Mientras que el Estado de México dio a conocer que ya suman 655 detenidos y 410 ingresados a penales.
Además, autoridades de Hidalgo dieron a conocer ayer que detuvieron a 36 personas desde que iniciaron las protestas y que fallecieron dos personas durante los enfrentamientos del jueves entre elementos policiacos y lugareños en Ixmiquilpan.
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Los procesan por terrorismo
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, declaró en días pasados que varios de los detenidos en esta entidad durante los actos vandálicos, enfrentan cargos por terrorismo.
En opinión de académicos de la UAM y la UNAM, el objetivo de los imputados era crear temor en la gente. Así lo consideró la doctora Laura del Alizal Arriaga, investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
“Se corre el riesgo de que algunos grupos terroristas empleen este tipo de acciones y que comiencen actuar, pero la reacción del Gobierno federal fue importante porque hubo muchos detenidos y creo que esto sería lo siguiente: evitar que se desborde y para ello se tiene que castigar a los que cometen este tipo de agresiones”, destacó la también académica.
Por su parte el profesor e investigador de la UNAM, Eduardo Rosales, dijo que si llegan a surgir liderazgos que tengan la capacidad de interpretar el descontento popular y de aglutinar todas esas aspiraciones y enojo del pueblo pudiera formarse un movimiento más amplio que le va a reclamar al gobierno el aumento de la gasolina, la corrupción entre otros temas.
El Código Penal Federal estipula en su Artículo 139 que se impondrá de 15 a 40 años de cárcel a quienes por cualquier medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella.