En México, la violencia provocó que al menos 35 mil personas hayan sido desplazadas, cifra que pudiera ser mayor debido a que los datos conocidos son aportados por organismos no gubernamentales mientras que las autoridades carecen de estudios al respecto, dice el “Informe especial sobre desplazamiento interno en México” que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El presidente de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, explicó que se detectaron a 35 mil 433 desplazados por la violencia, pero el estudio abarcó a unos cuantos municipios, por lo que la cifra es sólo un muestreo y todo apunta a que hay una cifra negra.
“Es necesario que el Estado mexicano reconozca oficialmente la existencia de este problema, adopte una postura unívoca respecto del mismo y emprenda acciones específicas para su atención”, dijo el ombudsman.
Por ello, González Pérez se pronunció para que el Gobierno federal trabaje en diagnóstico nacional sobre desplazamiento forzado, lo cual sería el primer paso para una Ley que permita la construcción de políticas públicas y programas eficaces, abordando sus consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas en el país.
Los estados con mayor número de desplazados son Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas, aunque todas las entidades tienen algún caso.
Muestreo 63 municipios de los 32 estados del país fueron incluidos en el estudio, es decir, sólo cerca del 2.5% del total de alcaldías en todo el país
Para realizar el Informe, la CNDH recurrió a fuentes documentales y solicitudes a autoridades, encontrado varias contradicciones. Por ejemplo, el Gobierno federal negó tener registro de desplazamientos forzados, sin embargo en 2003 el Estado mexicano emitió un documento oficial a Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Desplazados Internos donde admitía la existencia de este problema en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Sinaloa.
También, destaca la existencia del Grupo de Trabajo sobre Desplazados Internos de la Secretaría de Gobernación, lo cual lleva a considerar que existe voluntad institucional para abordar el tema.