El diputado perredista, Rafael Hernández Soriano, exhortó a los copresidentes de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, encargada de procesar juicios políticos, informar a los promoventes que está a salvo su derecho a seguir el caso en otra instancia.

 

 

El legislador federal consideró que dicha instancia “está en falta” respecto a los 109 expedientes que desechó, pues ha omitido informar a los promoventes, por lo que pidió a los integrantes de la misma no ignorar los acuerdos alcanzados en la tercera reunión.

 

 

Explicó que “se estableció que de manera expresa se indicaría a quienes promovieron las solicitudes ya desechadas, que la resolución no es definitiva, que hay posibilidad de revisión y que los procesos inherentes de otro tipo penal o administrativo no tienen por qué detenerse”.

 

 

El secretario de la Comisión de Gobernación informó que para la cuarta reunión ordinaria de la subcomisión se prevé depurar 60 solicitudes de juicio político, nueve de ellas porque los funcionarios señalados ya fallecieron.

 

 

Al respecto expuso que no basta con depurar la lista de 364 solicitudes acumuladas durante cuatro legislaturas, casi 14 años, sino de actuar con más compromiso hacia los ciudadanos que se inconformaron por la actuación de los servidores públicos aludidos.

 

 

Un nuevo acuerdo político basado en el compromiso de combatir la impunidad de servidores públicos, sería atender con urgencia los casos más recientes y evitar que por la dilación transcurra un año de separación del cargo y en automático no se cumpla con una de las hipótesis para avanzar en la solicitud de juicio político.

 

 

“Tenemos casos como el de Javier Duarte y otros ex gobernadores que ahora enfrentan procesos judiciales o señalamientos de abusos en el ejercicio de la responsabilidad pública, sin embargo el lento proceder de la Subcomisión de Examen Previo contribuye a protegerlos con un halo de impunidad”, expuso.

 

 

Hernández Soriano destacó la trascendencia de avanzar en la reforma constitucional propuesta recientemente en la que propone modificaciones al juicio político y al fuero, a fin de que ningún servidor público incluido el Ejecutivo federal, queden impunes en caso de incurrir en actos ilegales y en el mal ejercicio de la función pública.