El enérgico llamado del titular de las Fuerzas Armadas del país cimbró las estructuras sociales; no estamos en la calle por gusto, argumentó. Esto ante la falta de un marco jurídico adecuado para regular su trabajo en el combate a la delincuencia organizada.

 

Al país le ha quedado claro que los militares están en la calle y lejos de sus cuarteles, porque existe evidencia inobjetable de la ineficiencia y la corrupción que como la humedad ha penetrado en corporaciones policiales municipales y estatales, en muchos casos propiciadas por gobernadores también corruptos y cómplices de los grupos delictivos.

 

La delincuencia ha escalado sus acciones contra la sociedad y el Ejército, a niveles de capacidad nunca antes vistos; el hecho de que cuenten con armas que lanzan misiles capaces de derribar aeronaves y que conviertan hectáreas en fosas clandestinas es un claro desafío que cuestiona a los tres niveles de gobierno y alarma a la sociedad entera.

 

Nuestro Ejército –fuerzas de tierra, aire y mar– se ha destacado siempre por la protección de la sociedad y por su solidaridad en casos de desastre, pero ahora enfrenta un reto mayúsculo imposible de resolver si no cuenta con el total y absoluto respaldo de la sociedad.

 

Es claro el mensaje del secretario de la Defensa en el sentido de que ellos están en la mejor disposición de trabajar del lado de los ciudadanos, dispuestos a arriesgar y a poner la vida por delante, pero es también diáfano que las instituciones deben responder rápido y sin titubeos para garantizarles un marco jurídico adecuado a nuestra realidad social, y además correctamente alineado con el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

 

Por eso saludo la expresión para que el Senado vaya en enero próximo a un periodo extraordinario,  para establecer el marco normativo que defina puntualmente y sin ambigüedades los términos en que las Fuerzas Armadas deben llevar a cabo sus tareas, para que su contribución a la seguridad interior sea legal, apropiada y reconocida por toda la sociedad.

 

Conociendo del compromiso social de los legisladores con los ciudadanos y las instituciones, caminará del brazo de la colegisladora y hará las aportaciones necesarias para que el Ejército y la Marina cuenten con seguridades en su labor de garantizar la tranquilidad pública y la paz social en el territorio nacional.

 

Desde luego que todos los mexicanos de bien estamos comprometidos con el bien común y el respeto de los derechos humanos, y desde luego eso incluye a los mandos e integrantes de las Fuerzas Armadas, por eso pienso que la nueva legislación no reñirá con el nuevo sistema penal; por el contrario, éste debe consolidarse y todos debemos hacer esfuerzos presupuestales y políticos con el fin de que nuestra sociedad disfrute de los principios de presunción de inocencia, justo y debido proceso, así como del respeto irrestricto de los derechos humanos.

 

Los diputados de México, junto con su sociedad, sentimos un gran aprecio por nuestras Fuerzas Armadas, lo que debemos hacer ahora es hacer público, claro, patente este reconocimiento y trabajar desde el Congreso de la Unión para dar un paso más por la paz, la seguridad y el bienestar de los mexicanos y de sus unidades de producción que nos brindan soporte económico.

 

*El autor es presidente de la Cámara de Diputados.