A pesar de que el 2 de junio próximo vence el plazo establecido por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para su creación, el Sistema Nacional de Protección Integral carece de presupuesto y de titular.
La diputada Verónica Juárez Piña, presidenta de la Comisión de la Niñez, justificó el hecho de que no se le haya dado recursos a esta Ley debido a que fue aprobada después del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, pero que ya se trabaja para resolverlo.
“Se llegó a un avance para que pudiera destinarse entre 40 y 50 millones para dar inicio a la implementación de este Sistema, que de acuerdo a los transitorios se establece que el Sistema Nacional debería de quedar instalado dentro de los 180 días siguientes a la publicación del decreto”, dijo la diputada.
Pero aunque ya están aprobados los recursos, aún no se ha bajado porque sigue sin operar el Sistema, mismo que ya deberá de ser considerado por los diputados para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
Para lograr esto, la Ley General crea el Sistema, instancia que será la encargada de coordinar las acciones de los tres niveles de gobierno en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Pendientes
El 3 de diciembre de 2014 se promulgó la Ley General de Derechos, misma que añade conceptos antes omitidos, como que los menores de edad son sujetos de derechos como a la libertad de expresión, de asociación, de participación educación y salud, entre otros. Se reconoce que los menores de edad migrantes o con discapacidad también tienen derechos pero debido a su condición deben de recibir atención específica.
De manera paralela, se requiere la creación de diversas instancias como la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes federal que estará a cargo del DIF Nacional, además de una procuraduría por entidad federativa y por cada municipio del país.
El fortalecimiento de los albergues, áreas de acompañamiento en cada secretaría federal, una oficina en cada comisión de derechos humanos y un registro nacional de centros de asistencia social son otras instancias que deberán de sumarse a la burocracia en favor de los derechos de la infancia y adolescencia.
Según cálculos de Juárez Piña, para arrancar con todo lo que contempla la Ley se requiere más de 900 millones de pesos.
Respecto al secretario ejecutivo, la Ley marca que es responsabilidad del Presidente su designación. Las atribuciones del secretario incluyen la dirección dl proceso de redacción del Programa Nacional, el Manual de Organización y Operación e informar cada cuatrimestre de las actividades del Sistema.