El hallazgo del último cuerpo en las ruinas del colapsado y ya emblemático edificio de Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma, de la Ciudad de México muy probablemente cerrará la cifra de muertos por los temblores de los 7 y 19 de septiembre pasados, de esa forma se dará paso a lo que sigue tras la tragedia: la reconstrucción y la búsqueda de los culpables del derrumbe y los daños estructurales de edificios que se erigieron violando las normas de construcción definidas luego de los terremotos de 1985.

 

En la Ciudad de México, se sabe ya, hay tres grupos políticos involucrados sin duda en la corrupción que permitió que desarrolladores inmobiliarios construyeran edificios con materiales de mala calidad o con estructuras que no cumplían con las normas antisismos obligatorias en la capital del país. Se trata de los grupos que han ejercido control desde hace más de 20 años en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Tlalpan.

 

Se trata de René Bejarano y Dolores Padierna, que hasta hace poco pusieron y quitaron delegados en la demarcación más dañada, que es la Cuauhtémoc, quienes recién pasaron a formar parte de las huestes de Andrés Manuel López Obrador en Morena; el grupo universitario también de Morena del que forma parte de seguro la candidata pejista al Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan; y en Benito Juárez, el grupo de Jorge Romero, quien ligó directamente a la delegación gobernada por el PAN con los intereses económicos y políticos de grandes constructores de condominios y plazas comerciales.

 

Sin duda, esta situación derivará en un encarnizado conflicto político porque precisamente tocará al gobierno de Miguel Ángel Mancera y el PRD perseguir a la red de corrupción criminal que permitió a políticos y desarrolladores enriquecerse a costa del patrimonio y la vida de cientos de capitalinos.

 

Eso en la capital, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos y Puebla, la situación puede convertirse en un conflicto mayor debido a que son estados en los que la tragedia, la pérdida de decenas de miles de hogares y las inclemencias del tiempo se suman a la situación de pobreza y precaria vida económica que se vive en esas regiones.

 

Y es que en la Ciudad de México, la posibilidad de mantener los empleos y las redes de relaciones amistosas y familiares son un paliativo a la crisis que viven quienes perdieron su patrimonio, situación que no se replica en los estados del interior de la República golpeados por los sismos, lo cual incrementa el riesgo de que los apoyos entregados por el Gobierno federal y los locales para la reconstrucción se diluyan frente a las necesidades apremiantes de los damnificados.

 

Por eso es urgente y necesario que en el diseño de la reconstrucción, el gobierno considere acompañar paso a paso a los mexicanos afectados por los sismos para echar a andar el programa de autoconstrucción, pues de no establecer controles suficientes, esos recursos que serán entregados en tarjetas de débito a las víctimas pueden ser ocupados en otros requerimientos y no necesariamente en la reconstrucción de sus viviendas. Ése sería el peor escenario.

 

A la tragedia se suma además la miseria humana, los actos de rapiña se están multiplicando, así que éste es el momento en que, sin duda, los Gobiernos locales y el federal deben mostrar su eficacia para dar apoyo a los miles de mexicanos que hoy no tienen techo y viven en la angustia por la inseguridad y la incertidumbre sobre sus bienes y su futuro.

 

caem