Los efectos de los temblores de los días 7 y 19 de septiembre pasados llegarán sin duda a golpear y duro a la clase política mexicana; las ondas del golpe a los estados de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Puebla, Morelos y la Ciudad de México impactarán directamente en las elecciones de 2018 y en las aspiraciones de no pocos candidatos presidenciables o a jefe de Gobierno.

 

Lo que sigue después de documentar la desgracia de los muertos, heridos y damnificados, de los edificios colapsados, de los daños estructurales y las pérdidas económicas es el ajuste de cuentas con aquéllos que se llenaron los bolsillos en las delegaciones o municipios haciendo la vista gorda al incumplimiento de los reglamentos de construcción y Protección Civil.

 

En especial se buscarán culpables en las delegaciones Benito Juárez donde Christian von Roehrich deberá cargar con la negligencia de su jefe político Jorge Romero, mandamás del PAN en la Ciudad de México, con quien los grandes negocios con desarrollos inmobiliarios florecieron; o en la Cuauhtémoc, donde antes de que Ricardo Monreal llegara a la jefatura delegacional, el control era ejercido de manera total por el clan de René Bejarano y su esposa, la senadora Dolores Padierna, que bajo las siglas del PRD impusieron durante más de una década a los delegados como Alejandro Fernández y José Luis Muñoz y la propia Padierna.

 

Ahora el PAN y Morena deberán pagar por el cochinero que surgirá tras el colapso de 38 edificios, las veintenas de muertos bajo los escombros, situación que pretende esquivar Claudia Sheinbaum frente al hecho de que el epicentro del drama se dio en Tlalpan, la delegación que dirige y donde fue edificado el Colegio Enrique Rébsamen, la cual es controlada por su grupo político surgido de la UNAM y que fuera gobernada por Salvador Martínez della Rocca y su ex esposo, Carlos Imaz.

 

Pero no sólo eso; en la política, el sismo ha puesto a temblar a toda la clase política no por la corrupción, sino por la millonada que cuestan a los mexicanos los partidos y las elecciones.

 

De manera hábil sin duda, el PRI y su dirigente, Enrique Ochoa, hicieron suyo el clamor popular porque los partidos devolvieran los miles de millones de pesos con los que los mexicanos sostienen sus estructuras y los procesos electorales y seguido por sus aliados del Partido Verde ha puesto contra la pared a sus adversarios del Frente Ciudadano por México que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

 

Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado han sido expuestos, su respuesta es exigir un plan de austeridad al Gobierno federal quitando los privilegios a los altos funcionarios como los seguros de gastos médicos mayores, los vales de gasolina, los bonos y choferes y otras prebendas, y al Congreso un decreto de emergencia para cambiar la ley electoral y permitir que los partidos donen recursos.

 

El caso es que Ochoa y el PRI se les adelantaron y encontraron una fórmula para liberar de manera inmediata casi mil millones de pesos para atender la reconstrucción y las necesidades de cientos de miles de mexicanos que perdieron todo y renunciar a 25% de los recursos que están pendientes que el INE les entregue para el resto de 2017.

 

De manera hábil sin duda, el PRI y su dirigente Enrique Ochoa hicieron suyo el clamor popular porque los partidos devolvieran al de los miles de millones de pesos con los que los mexicanos sostienen sus estructuras y los procesos electorales y seguido por sus aliados del Partido Verde ha puesto contra la pared a sus adversarios del Frente Ciudadano por México que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, al igual que a Morena, PT, Panal y PES.

 

caem