A ocho meses de que se destaparon los escándalos por presunta corrupción en el gabinete del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, a la fecha no hay sanción administrativa ni penal en contra de los ahora ex funcionarios.
Lo anterior aun cuando el propio Mancera Espinosa ha presentado instrumentos para abatir la corrupción gubernamental, como la Política para Prevenir y Sancionar el Conflicto de Intereses o los Lineamientos para un Gobierno Eficaz.
Destaca el caso del ex Oficial Mayor del Gobierno capitalino, Édgar Abraham González Rojas, quien en octubre pasado fue señalado por presuntamente haber comprado llantas con sobreprecio para beneficio personal.
El escándalo se destapó a partir de unos audios filtrados en redes sociales en los que se escuchaba una llamada telefónica entre González Rojas y otra persona en la que afinaban los detalles para la adquisición amañada.
Tras la polémica, que llegó incluso a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) donde el PRD frenó en tres ocasiones la creación de una Comisión Investigadora, González Rojas renunció el 14 de octubre.
No obstante, como lo dijo el contralor capitalino, Eduardo Rovelo, y como consta en una respuesta de la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Contraloría a una solicitud de información vía transparencia, a ochos meses no hay una sanción en contra del ex funcionario, aunque sigue bajo investigación.
Otro caso más reciente es el del ex secretario de Obras y Servicios, Alfredo Hernández, señalado en marzo pasado de otorgar contratos para la compra de luminarias a una empresa en la que trabaja su esposa.
El mismo día en que se reveló el caso de presunta corrupción al interior de la Secretaría de Obras y Servicios, el jefe de Gobierno solicitó a Alfredo Hernández separarse del cargo para facilitar las indagatorias de la Contraloría y la Fiscalía para la Investigación de Delito Cometidos por Servidores Públicos.
A decir de la Contraloría, los expedientes se siguen integrando y por tratarse de “casos muy complejos” la resolución de la investigación se ha demorado, pero de acuerdo con Rovelo Pico, a más tardar el 15 de julio se estarían emitiendo las resoluciones correspondientes en ambos casos.
Tanto González Rojas como Alfredo Hernández son investigados por la Contraloría General del Distrito Federal por el tema administrativo y por la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para determinar procede sanción penal.
…y se atoran sanciones por Línea 12
La contraloría General del Distrito Federal ya prepara otra tanda de sancionados por las irregularidades detectadas en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, pero las dictadas en meses anteriores permanecen atoradas en el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo.
Los nombres serán revelados en julio y se trata de ex funcionarios ya sancionados y de otros que recibirán su primer castigo por 16 observaciones no solventadas en el tema de construcción y mantenimiento de la Línea Dorada; todos, confirmó el contralor Eduardo Rovelo, son de la pasada administración.
Sin embargo, las sanciones económicas y administrativas impuestas con anterioridad están en litigio en tribunales, ya que los sancionados impugnaron el castigo; hasta febrero pasado sumaban 50 sanciones impugnadas, lo cual entorpece el proceso de ejecución de las mismas.
Por ello el Tribunal ya promovió recursos de apelación ante la Sala Superior para buscar validar las sanciones impuestas por la Contraloría, que en algunos casos van de la inhabilitación por 20 años, como es el caso de Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro.
También destaca la sanción económica impuesta a Moisés Guerrero Ponce, ex director de Obras Civiles del Proyecto Metro, multado con cinco mil 598 millones de pesos cuando de acuerdo con información pública percibía un sueldo de 38 mil pesos mensuales.
Hasta el momento la Contraloría ha sancionado a 48 personas con inhabilitaciones, sanciones económicas que superan los 22 mil millones de pesos y dio vista en algunos casos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.