Desde el sábado, cuando los uniformados se cruzaron de brazos para reivindicar un aumento salarial y se desató una descomunal ola de violencia, este estado del sureste de Brasil prácticamente se paralizó, pues comercios, escuelas, puestos de salud, supermercados y universidades cerraron sus puertas, en tanto que los propietarios de los autobuses los retiraron de las calles.
Pese a que los autobuses volvieron a circular el martes luego de que miembros del Ejército y de la Fuerza Nacional de Seguridad comenzaran a patrullar las calles, los conductores decidieron suspender nuevamente el servicio en protesta por el asesinato de un líder sindical y por las amenazas que dicen haber recibido.
“El gobierno nos prometió seguridad. En algunos terminales de autobuses había tropas del Ejército pero en otras no. Algunos de los conductores fueron amenazados con armas. No podemos trabajar de esa forma”, afirmó el presidente del Sindicato de Conductores de Espírito Santo, Edson Bastos. Según el dirigente, hombres armados vienen amenazando a los conductores con prenderle fuego a sus vehículos en caso de que circulen.
Ayer otros 550 miembros del Ejército y 100 de la Fuerza Nacional de Seguridad se sumaron a los mil 200 militares que vienen patrullando las calles de Espírito Santo desde el martes. La llegada de los primeros del Ejército no impidió, por ejemplo, que los saqueos al comercio siguiesen sin control alguno, ni la quema de autobuses, ni los robos por doquier.
La protesta responde a un reclamo de mejoras salariales y de las condiciones de trabajo para los 10 mil agentes, que perciben un sueldo básico de dos mil 642 reales (800 dólares) y llevan tres años sin aumentos.