La organización Semáforo Delictivo presentó esta semana el reporte sobre los niveles de violencia en México, en el que destacó el incremento de homicidios dolosos, con 18 mil 505 casos registrados al corte de septiembre, de los cuales el 69 por ciento se han cometido con armas de fuego.

 

De acuerdo con este reporte, la tendencia de homicidios se incrementó 23 por ciento durante los nueve primeros meses del año respecto a 2016, y destacó que las ejecuciones relacionadas al crimen organizado aumentaron 53 por ciento.

 

Según Santiago Roel, fundador del Semáforo Delictivo Nacional, éste es el peor año de inseguridad en la historia reciente de México, pues de seguir la tendencia, este año cerrará con más de 24 mil homicidios y 18 mil ejecuciones; cuando en 2011 hubo 17 mil ejecutados por el crimen organizado.

 

En meses anteriores, autoridades judiciales y partidos políticos entraron en debate debido a que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no considera la portación de armas de fuego como un delito grave, por lo que no amerita la prisión oficiosa, provocando que los delincuentes pueden quedar en libertad.

 

En julio de 2017, la Conferencia Nacional de Gobernadores acusó que jueces dejan en libertad a potenciales criminales, aún cuando estos son detenidos en posesión de armas de alto poder, puesto que no se considera un delito grave que merezca prisión preventiva.

 

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a cargo de Renato Sales Heredia, expuso que plantearía reformas al Nuevo Sistema de Justicia Penal, para aumentar las sanciones por la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. A esta iniciativa se sumaron Eruviel Ávila Villegas, entonces gobernador del Estado de México y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

 

Ante esa situación, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, demandó al Congreso de la Unión clasificar como delitos graves la portación de armas de fuego y el robo de combustible.

 

Alcaldes de todo el país pidieron en agosto al Congreso de la Unión a realizar las reformas necesarias para que los delitos de portación y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y el robo de hidrocarburos ameriten prisión preventiva oficiosa.

 

En su reporte correspondiente al tercer trimestre, la asociación indicó, además, que a lo largo de este año la extorsión y el robo de auto subió 16 %, las lesiones dolosas 14 %, el secuestro 9 % y el robo a casa 3%.