Luego de que este sábado entrara en vigor en todo el país el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, Miguel Carbonell, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM aseguró que 50% de los policías en el país no están familiarizados con las medidas que implica la nueva legislación.

 

Afirmó que aunque se han realizado numerosos cursos de formación para el funcionariado, estos no han llegado a todos los lugares necesarios, porque “no todos los policías en las entidades federativas y en los municipios fueron capacitados”.

 

“En torno al 50% de los policías estatales y municipales” no han sido familiarizados con el nuevo sistema y con lo que tendrían que hacer en la escena de los hechos.

 

Señaló que esto conlleva ciertos riesgos, dado que el nuevo sistema es mucho más riguroso con la validez de las pruebas y su debida custodia.

 

Otros “focos rojos” que subraya el investigador son el mal funcionamiento del sistema penitenciario y la “falta de capacidad de investigación científica de las procuradurías”.

 

“No hemos desarrollado servicios periciales, forenses de buen nivel que puedan aportar lo que se llama la prueba técnica, la prueba propiamente científica para no depender solo de testigos”, explica Carbonell.

 

La nueva normativa, que viene acompañada de una inversión de 20 mil millones de pesos sólo a nivel federal, busca poner freno al excesivo uso de la prisión, lo que conlleva, a su vez, un considerable ahorro en las cuentas públicas.

 

La forma en la que se percibirá un verdadero avance en la justicia será si aumentan las tasas de denuncia, ya que actualmente los crímenes que quedan en desconocimiento de las autoridades rondan el 93 %, resalta Carbonell.

 

También se notará en la celeridad de los procesos -agilizados gracias a los procedimientos abreviados- y en el número de investigaciones que queden resueltas.

 

Antes se concluían un 14%, ahora un 22 %, lo cual es un avance, aunque todavía no es una cifra “óptima”, matiza el investigador.

 

Pese a todo, el sistema inquisitivo podría tardar entre tres y cinco años en desaparecer completamente, dado que los procedimientos abiertos antes de la puesta en marcha del nuevo sistema seguirán sujetos a la normativa previa. |JMS