La Procuraduría General de la República (PGR) no ha cancelado la ficha roja solicitada a la Interpol contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, por ello su defensa interpuso un nuevo juicio de amparo por omisiones del procurador Jesús Murillo Karam.

 

Gómez Urrutia ganó 11 amparos contra distintas acusaciones, con lo que la ficha roja se tuvo que desactivar, pero la PGR no ha hecho los trámites para ello, esto impide que el líder sindical regrese a México luego de ocho años en Canadá, país que incluso le otorgó la nacionalidad.

 

La petición de búsqueda y localización con fines de detención y extradición en los 190 países donde tienen presencia la Policía Internacional está vigente.

 

La demanda (1143/2014) fue presentada ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo Penal el pasado 19 de noviembre en contra de “la abstención de realizar gestiones necesarias para cancelar la ficha roja, alerta, noticia o difusión roja del quejoso”.

 

Por ello, el juez de la causa dio entrada a la demanda y citó a las partes para el próximo 17 de diciembre para que se realice la audiencia incidental, donde se presentarán los elementos sobre los actos reclamados.

 

“Vista la demanda de amparo, en consecuencia, se admite en sus términos, sin tramitarse el incidente de suspensión relativo a este juicio de garantías, 09:40 del 17 de diciembre de 2014, para la celebración de la audiencia constitucional”, dice la notificación.

 

Entre 2006 y 2014 Gómez Urrutia llegó a acumular 11 ordenamientos judiciales a nivel local y federal, por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, fraude, desvío de recursos, lavado de dinero, tráfico de influencias, abuso de confianza y falsificación de documentos oficiales.

 

Cabe destacar que el pasado 28 de agosto el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, concedió el amparo contra la única orden de aprehensión ordenada por el Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal, por el delito de desvió de recursos por 55 millones de dólares.

 

El Tribunal determinó la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión porque las pruebas aportadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación eran insuficientes para demostrar el cuerpo del delito por el que ejercitó acción penal, previsto en el artículo 113 de la Ley de Instituciones de Crédito.

 

La tragedia en la mina de Pasta de Conchos en el 2006, donde perdieron la vida 60 personas, fue el punto de partida para una serie de investigaciones en contra de Gómez Urrutia.

 

El litigio comenzó hace ocho años, cuando los agremiados a la “Cooperativa Beta de Plata” lo demandaron, así como al Banco Scotiabank Inverlat, por el fraude en perjuicio de 10 mil trabajadores de 11 estados de la República.

 

Fue la Procuraduría de Sonora la primera en solicitar la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de desvío de recursos por 55 millones de dólares del Fideicomiso conformado por las ventas de acciones del gremio en 1988, del cual a los trabajadores les correspondía 5% de la venta, equivalentes al monto del fraude.

 

En 2004 el contrato del fideicomiso fue reformado, de tal suerte que los 10 mil trabajadores tuvieran derecho a una parte de ese dinero, el 22 de febrero de 2005 la dirigencia del sindicato minero logró la extinción del fideicomiso en cuestión, y el 3de marzo Gómez Urrutia recibió 54 millones 84 mil 570.90 dólares como representante de los trabajadores mediante una transferencia a la cuenta 0146591035 de BBVA Bancomer, S.A.

 

Pero el dinero presuntamente fue enviado a otras cuentas del propio Gómez Urrutia, de Consultoría Internacional Casa de Cambio a diversos allegados al dirigente sindical, según consta en las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, que identificó la ruta del desvío de los recursos de los trabajadores mineros.

 

De acuerdo con las acusaciones, por los menos 52 millones del Fideicomiso del SNTMMSRM se encuentran en cuentas bancarias del extranjero, y pese a que los abogados han referido que el dinero está intacto, hasta el momento no aparece, según refiere la parte gremial contraria a Gómez Urrutia.