Entre las industrias golpeadas por las nuevas cargas impositivas de la Reforma Fiscal, una de las más castigadas es la minería. Por encima de los impuestos a refrescos y  comida chatarra, que desataron presiones de esas poderosas industrias, a la producción minera los cambios fiscales le costarán 7.5% de nuevos impuestos, lo que ha puesto en alerta a compañías del sector –buena parte de ellas extranjeras— que amenazan que con el aumento a los gravámenes federales, sumado al 40% de impuestos que ya pagaban, más la caída de los precios internacionales de metales y algunos minerales, se podrían cancelar proyectos de inversión el próximo año y provocar “despidos masivos” en varias minas del país.

 

Mientras Hacienda argumenta que la carga fiscal a la actividad minera es justa, porque en otros países la minería paga hasta 60% de impuestos, (aquí, con el aumento de 7.5% quedaría en 47%), los dueños de las minas aseguran que en el caso mexicano a los impuestos se deben añadir los costos a la producción que se agravan por problemas de inseguridad en varios estados mineros, más los altos costos financieros del país. Y si bien las quejas y amenazas las encabezan las grandes compañías mineras, los pequeños productores también se verán afectados, pues con el incremento de impuestos y la disminución de precios internacionales pueden quedar fuera del mercado.

 

Los estados con mayor producción minera en México se ubican en el norte del país. De cumplirse las amenazas de los dueños de las minas sobre despidos y cierre de plantas, Sonora sería el estado más afectado, pues concentra la mayor parte de la producción. Junto con Zacatecas, las minas sonorenses generan 46% de la producción total en el país de minerales y metales preciosos. Chihuahua y Coahuila también se verían afectados pues juntos producen el 25% de la producción nacional.

 

En todas esas entidades hay comunidades y municipios enteros donde la única actividad productiva es la minería; pueblos que si se cierra la mina, como amagan los concesionarios, se quedan sin una fuente de ingresos con el enorme impacto social que eso puede generar en el norte del país. En contraparte, varias compañías mineras nacionales y extranjeras han sido señaladas por generar fuertes impactos ambientales en los lugares en los que operan sin resarcir los daños a las comunidades y poblaciones afectadas.

 

En este año la caída de precios internacionales de metales como el oro y la plata fue de entre 7% y 10% y ese argumento lo utilizan los productores mineros para afirmar que, a la cargas fiscales que ya pagaban que suman 40%, más el 7.5% del nuevo impuesto, sumado a la caída de precios se podría hablar de una carga total del 57.5% para la industria que, a pesar de ser una de las más estables en el país, resulta la más castigada con la Reforma Fiscal.

 

A pesar de los intensos cabildeos desplegados por los concesionarios mineros, los diputados aprobaron el incremento de impuestos propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto y todo indica que los senadores ratificarán el nuevo impuesto a la minería. ¿Estamos ante el riesgo de una caída real en la producción minera, con el cierre de empleos sobre el que advierte la industria o las quejas cada vez más fuertes de los industriales mineros serán sólo resultado de que se gravan sus ganancias?

 

NOTAS INDISCRETAS…Por si la inestabilidad y violencia en Michoacán no fueran suficientes, la corrupción de las autoridades es otro problema para los michoacanos. Es el caso de Uruapan donde el alcalde priista, Aldo Macías Alejandre es señalado por un extraño enriquecimiento que no se explica ni con su sueldo actual de munícipe ni con los 25 mil pesos que ganaba cuando fue por varios trienios director del sistema de aguas municipales. Al alcalde Macías no sólo le atribuyen la propiedad de varias residencias nuevas en Uruapan sino propiedades en Guadalajara, amén de los excesos de su señor esposa, Ana Luisa Contreras, cuyos gastos son cargados directamente al erario municipal. Eso sin contar el nepotismo de tener como director de Obras del municipio a su sobrino Juan Luis Macías, y como funcionaria de la Tesorería a otra sobrina Macías Cervantes. Pero lo más grave es que el contratista principal del Ayuntamiento, de nombre Isaac Meraz Monroy, a quien se adjudican la mayoría de las obras municipales, tiene vínculos oscuros con cierta “familia” de Michoacán, según denuncias de ciudadanos de Uruapan hechas a esta columna. Pobres michoacanos… Los dados mandan Serpiente. Caída libre.