En el marco de su reunión con gobernadores del noroeste del país, el secretario de Educación Pública (SEP) Aurelio Nuño Mayer delineó de manera específica los siete ejes de su estrategia para hacer cumplir la reforma educativa en el país.

 

El séptimo punto es enteramente administrativo pero toca uno de los puntos más celebrados de la reforma educativa: la limitación de las prebendas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la eliminación del pago de aviadores y comisionados.

 

En específico se refiere a ordenar la nómina magisterial a través de la construcción del Sistema de Información y Gestión Educativa, el cual contiene la información sobre el pago de los salarios de los profesores y las plazas federalizadas, el cual se supone que opera desde 2014.

 

Además, se señala que es necesario trabajar en la eficiencia y transparencia del Fondo de Operaciones para la Nómina Magisterial y el Gasto Operativo (Fone), a través del cual el gobierno federal paga los salarios de los maestros y que está integrado por la información que aportan los estados; y la aplicación de descuentos por faltas injustificadas.

 

Desde que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2015, el Fone ha sido ampliamente criticado por organizaciones civiles como Mexicanos Primero y el Instituto Mexicano para la Competitividad pues aunque su propósito inicial era la depuración de aviadores y comisionados sindicales de la nómina magisterial, las irregularidades que estaban presentes en el anterior sistema, simplemente se pasaron a este.

 

De hecho, la SEP reconoció la semana pasada que en el Fone estaban dados de alta cuando menos dos mil 200 comisionados encargados de hacer trabajo político para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a pesr de que esta situación es ilegal desde 2014 de acuerdo con la Ley General del Servicio Profesional Docente.

 

De manera específica planteó la necesidad de fortalecer la operación de las escuelas públicas a través de una mayor autonomía para los planteles, servicios de asistencia técnica, cambios en el calendario escolar y una normalidad mínima.; aumentar la inversión en nueva infraestructura escolar y dar mantenimiento a la ya existente.

 

También se mencionó la necesidad de impulsar el desarrollo profesional docente a través de la evaluación para ingresar, obtener promociones y mantener la plaza, el fortalecimiento de las escuelas normales y la formación continua de los maestros.

 

La SEP también delineó la necesidad de hacer una revisión a los programas de estudio, llevar a su pleno funcionamiento el programa de convivencia escolar y el de enseñanza del idioma inglés; la disminución del rezago educativo a través de becas, aumento de cobertura y combate a la deserción escolar; vinculación de los estudiantes de Educación Superior con el sector productivo.